No es posible analizar la judicialización de la salud sin reconocer a los actores que facilitan su expansión. Por un lado, una industria farmacéutica y tecnológica de alcance global que impulsa innovaciones de altísimo costo. Por otro, la consolidación de una “industria del juicio”, que prioriza el beneficio inmediato por sobre la justicia distributiva.
La Salud privada, en crisis.
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El sistema de salud argentino atraviesa una crisis de sostenibilidad que ya no puede disimularse bajo la retórica legalista. Lo que comenzó como un recurso legítimo para proteger derechos individuales frente a fallas del sistema se ha transformado, progresivamente, en un fenómeno desbordado: la judicialización de la salud.
Hoy, este mecanismo se ha convertido en uno de los síntomas más visibles de un sistema fragmentado, donde la ética médica, la equidad social y la planificación sanitaria ceden ante la presión de intereses económicos, decisiones aisladas y una preocupante ausencia de regulación estatal efectiva.
No es posible analizar la judicialización sin reconocer a los actores que facilitan su expansión. Por un lado, una industria farmacéutica y tecnológica de alcance global que impulsa innovaciones de altísimo costo, en muchos casos con evidencia clínica aún limitada o sin beneficios incrementales claramente demostrados. Por otro, la consolidación de una verdadera “industria del juicio”, donde ciertos estudios jurídicos y algunos profesionales de la salud operan dentro de una lógica que prioriza el beneficio inmediato por sobre la justicia distributiva.
Médicos y abogados compartimos una responsabilidad ética ineludible. Prescribir o litigar por tratamientos que no cuentan con respaldo en guías clínicas, consensos científicos o evaluaciones de costo-efectividad no es un acto neutral: implica reasignar recursos escasos en un sistema que debe dar respuesta a millones de personas.
Tras la implementación de la Resolución 3934/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud, distintos actores del sector privado y de la auditoría médica coinciden en señalar un incremento en la litigiosidad sanitaria. A nivel nacional, diversas estimaciones ubican entre 200.000 y 250.000 los amparos sanitarios que se presentan anualmente.
Este volumen de judicialización genera una presión financiera creciente sobre financiadores y prestadores. En la práctica, una proporción significativa de las instituciones de salud opera hoy bajo condiciones de tensión económica severa, con riesgo concreto para la continuidad y calidad de las prestaciones.
El problema se agrava cuando las decisiones judiciales, legítimamente orientadas a proteger el derecho individual a la vida y la salud, se dictan sin un adecuado soporte técnico-científico. Al prescindir de la Medicina Basada en la Evidencia, el Poder Judicial termina, muchas veces sin proponérselo, diseñando política sanitaria caso por caso, ignorando un dato insoslayable: los recursos en salud son finitos.
La judicialización no es la enfermedad, sino la fiebre. La causa de fondo es la ausencia de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias verdaderamente independiente, técnica y con capacidad vinculante.
En los países con sistemas de salud maduros, estas agencias definen con criterios transparentes qué tecnologías deben ser financiadas en función de su eficacia, seguridad y costo-efectividad. En Argentina, su inexistencia o debilidad deja al sistema expuesto a decisiones fragmentarias, presiones comerciales y a una judicialización que sustituye la planificación sanitaria.
Mientras el Estado no garantice evaluaciones técnicas accesibles y confiables para la comunidad médica y judicial, seguirá reproduciendo un modelo de acceso desigual, donde el resultado depende más de la capacidad de litigar que de la necesidad sanitaria objetiva.
Desde la bioética, el principio de justicia exige asignar los recursos de manera equitativa. No hay mayor injusticia que garantizar tratamientos de eficacia incierta o marginal para algunos, a costa de comprometer la atención básica de muchos.
Es tiempo de que todos los actores del sistema —industria, prestadores, financiadores, justicia y Estado— abandonen la comodidad de la conveniencia sectorial. Sin un cambio profundo hacia una gestión sanitaria basada en evidencia, racionalidad y responsabilidad colectiva, el sistema de salud argentino no solo será cada vez más injusto: se volverá directamente inviable.
* El autor es profesor en Medicina UNCUYO – Secretario Académico COMRA – Presidente Honorable Consejo Deontológico Médico de Mendoza – Presidente Federación Médica de Mendoza.