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Una jueza guatemalteca ordenó ayer a la policía conducir al ex dictador Efraín Ríos Montt a la sala de audiencias para el inicio de un nuevo juicio en su contra por el genocidio de indígenas, rechazando un pedido de la defensa para que pudiera ausentarse.
“Se ordena al director de la policía la conducción inmediata del procesado (Ríos Montt) a esta sala de debates” de la Corte Suprema de Justicia, dijo a periodistas la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Jeannette Valdez.
Ríos Montt fue conducido por paramédicos en una ambulancia y llegó junto a su hija, la exdiputada Zury Ríos, a la sala de debates en un camilla y con el rostro cubierto.
Horas antes, la defensa del exdictador había informado a periodistas que el tribunal había aceptado la ausencia de Ríos Montt en el inicio del juicio ayer debido a problemas médicos.
No obstante, Valdez afirmó que no era procedente la petición de la defensa porque una evaluación realizada el pasado 3 de diciembre no especificaba que los quebrantos de salud del exdictador fueran de alto riesgo.
La defensa refutó la decisión del Tribunal al considerar que el informe médico indicaba que el acusado podría sufrir “parálisis irreversible en las piernas”, por lo que pidió a especialistas de Instituto de Ciencias Forenses realizar una evaluación.
Momentos después que llegara Ríos Montt a la sala de audiencias se presentó la sobreviviente de la guerra y Premio Nobel de la Paz, la líder indígena Rigoberta Menchú. Al lugar también llegaron decenas de indígenas mayas a manifestarse por una condena a Ríos Montt.
En principio estaba previsto que el juicio se iniciara ayer a las 8.30 locales (11.30 argentina), pero fue aplazado en espera de un documento y aún se desconoce la hora de inicio del proceso por amparos presentados por la defensa.
El general retirado debe enfrentar un nuevo juicio por genocidio luego de que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, anulara la sentencia de 80 años de prisión por ese delito que otro tribunal le impuso el 10 de mayo de 2013, tras argumentar errores en el proceso.
Rodríguez dijo que llegaba “contento al nuevo debate” para demostrar su inocencia, toda vez que en el anterior juicio fue absuelto de los delitos que le imputaban.
“Quiero salir de esta humillación, de este circo que han montado las ONGs que viven del conflicto y la presión internacional”, indicó el también militar retirado, que llegó al tribunal en silla de ruedas.
En los días previos al inicio del debate, la defensa del anciano militar también pidió que la jueza a cargo del proceso se retire al considerar que tiene una “opinión parcializada” por haber escrito en 2004 una tesis sobre el genocidio.
La acción contra la jueza y la solicitud de ausencia de Ríos Montt han sido consideradas por activistas de derechos humanos como una estrategia de la defensa para retrasar el inicio del proceso y que las matanzas queden en la impunidad.
Bajo arresto domiciliario, Ríos Montt pasa los días en su residencia en un sector exclusivo en el este de la capital guatemalteca en “reposo absoluto” debido a problemas en la columna vertebral por su avanzada edad, afirmó Luis Rosales, uno de sus defensores.
“Tiene únicamente autorizado por parte de los médicos poder trasladarse al baño, nada más, pero tiene que estar acostado con un aparato especial”, relató el jurista.
Según su equipo de abogados, Ríos Montt enfrenta además padecimientos cardíacos y oftalmológicos que se agravarían debido a las largas jornadas previstas durante el juicio.
Murieron 1.771 indígenas
El octogenario militar que es sometido de nuevo a la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala, anulara la condena de 80 años de prisión por genocidio impuesta el 10 de mayo de 2013 por otro tribunal, al argumentar errores procesales.
“Si ya se probó una vez el delito de genocidio se volverá a probar, las pruebas son contundentes”, declaró Soto, quien lamentó que tres de los testigos que rindieron su declaración en el primero juicio fallecieron debido a su avanzada edad.
Ríos Montt y su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez, son procesados por el asesinato de 1.771 indígenas mayas-ixiles entre 1982 y 1983 en el norte del país durante el cruento conflicto armado interno de 36 años de Guatemala (1960-1996), que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según la ONU.
