Foto:
El presidente egipcio, Mohamed Mursi, anuló ayer un decreto promulgado el mes pasado que ampliaba y blindaba sus poderes, dijo una fuente oficial en El Cairo. "El decreto constitucional queda anulado a partir de ahora", dijo el político islamista Selim al Awa, al dar cuenta de las conversaciones entre Mursi y líderes políticos.
Sin embargo, el polémico proyecto de Constitución será sometido a referéndum el 15 de diciembre, tal como preveía el presidente, ya que una modificación de la fecha es legalmente imposible, afirmó Al Awa.
"El presidente estuvo presente durante toda la reunión y afirmó que aceptaba y que se comprometía a respetar las decisiones tomadas", aseguró Selim al Awa.
En las últimas dos semanas, la oposición pidió la anulación del decreto y la postergación de la consulta constitucional.
El decreto presidencial del 22 de noviembre, por el que el jefe de Estado islamista extendió sus poderes y los colocó por encima de cualquier recurso de la Justicia, provocó una ola de protestas en Egipto, acompañada de manifestaciones que el miércoles dejaron siete muertos en la capital.
La oposición también atacó el proyecto de Constitución, redactado por una comisión dominada por los islamistas.
Los opositores estiman que el proyecto actual abre la vía a una fuerte islamización de la legislación y no brinda garantías sobre las libertades, en particular las de expresión y religión.
Horas antes de la marcha atrás de Mursi, las Fuerzas Armadas habían advertido que si los distintos grupos políticos no lograban un acuerdo para salir de la actual crisis, las consecuencias podían ser trágicas, algo que, aseguraron, no están dispuestos a permitir.
"El método del diálogo es el mejor y único para llegar a un consenso y lograr los intereses supremos del país y los ciudadanos. Lo contrario nos introduce en un oscuro túnel cuyo resultado será trágico y eso es algo que no permitiremos", expresaron los militares a través de un comunicado.
En su primera reacción oficial a la tensión que vive el país, las Fuerzas Armadas afirmaron que "la continuidad de la crisis no beneficiará a ninguna parte y el precio de ello lo pagará toda la patria".
