El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas. La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en su campaña contra el narcotráfico y el crimen organizado, indicando su continua disposición a usar al ejército para lo que tradicionalmente ha sido una tarea de las fuerzas del orden.
La directiva secreta y el rol del Pentágono
La orden establece una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra estos grupos.
Oficiales militares han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las fuerzas armadas podrían perseguir a estas organizaciones, aunque la medida ha desatado un intenso debate legal y político.
Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha intensificado las acciones contra los cárteles. Ya desplegó a la Guardia Nacional y tropas en la frontera para frenar el flujo de drogas e inmigrantes, y ordenó al Departamento de Estado que comience a clasificar a estas organizaciones como terroristas extranjeras.
Nicolás Maduro en la mira
Esta nueva directiva es una escalada significativa. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha (MS-13) como organizaciones terroristas. Hace dos semanas, añadió al Cártel de los Soles de Venezuela, liderado por el dictador Nicolás Maduro, a la lista de grupos terroristas globales. Además, el gobierno de EE.UU. duplicó la recompensa a 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.
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Nicolás Maduro, acusado por EE.UU. de liderar el Cártel de los Soles, es el objetivo principal ya que se duplicó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.
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Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, defendió la decisión de Trump, afirmando que su principal prioridad es "proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras". El Departamento de Defensa se negó a comentar sobre la directiva.
Debate legal y militar
La orden de Trump plantea una serie de cuestionamientos legales, tanto a nivel nacional como internacional. Legalmente, el uso de la fuerza militar en el territorio de otro país sin su consentimiento sería una "grave violación del derecho internacional", a menos que se apliquen ciertas excepciones. Además, la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe generalmente que las fuerzas armadas realicen funciones policiales.
La principal preocupación legal es si la nueva política podría ser considerada "asesinato" en caso de que las fuerzas estadounidenses mataran a presuntos delincuentes que no representen una amenaza inminente, ya que la acción se llevaría a cabo al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso. Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado, afirmó que sería "difícil que un narcotraficante cualquiera cumpliera con los requisitos para la excepción de legítima defensa a la prohibición de asesinatos".
En el pasado, la participación militar estadounidense en la lucha contra el narcotráfico ha estado bajo el mando de oficiales de la Guardia Costera o en apoyo a las autoridades policiales. El caso de la invasión de Panamá en 1989 para arrestar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, sentó un precedente polémico y fue condenado por la ONU.
La idea de usar la fuerza militar contra los cárteles no es nueva para Trump. Durante su primer mandato, se sintió fascinado por la idea de bombardear laboratorios de drogas en México, una propuesta que su secretario de Defensa de entonces, Mark T. Esper, calificó de absurda.
Durante la campaña de 2024, Trump prometió desplegar tropas de Operaciones Especiales y fuerzas navales para "declarar la guerra a los cárteles". Políticos como el secretario de Estado, Marco Rubio, han apoyado la medida, afirmando que se debe empezar a tratarlos "como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico".
Aunque el gobierno de Trump ha intensificado la vigilancia en la frontera, utilizando drones de la CIA y aeronaves de vigilancia del Comando Norte, esta nueva directiva marca un punto de inflexión. Representa una visión más agresiva y unilateral, centrada en que las fuerzas estadounidenses eliminen o capturen directamente a personas involucradas en el narcotráfico, poniendo a prueba los límites del poder presidencial y el derecho internacional.
