Diplomáticos de la UE y otras naciones condenan los “efectos devastadores” del golpe militar en Myanmar

Ministros y representantes de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Reino Unido, Albania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, entre otros, deploraron este martes 1 de febrero los “efectos devastadores” del golpe de Estado militar perpetuado hace un año en Myanmar. ”Condenamos enérgicamente las violaciones de derechos humanos y los abusos del régimen militar en todo el país, incluidos aquellos contra los rohinyá y otras minorías étnicas y religiosas”, dijo el grupo en un comunicado conjunto. Los cancilleres expresaron su preocupación por los “informes creíbles” sobre tortura y violencia sexual, y un gran número de presos políticos, incluida la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, por lo que pidieron al régimen que ponga fin de inmediato al estado de emergencia.

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La declaración señaló que el golpe militar “socava gravemente la paz y la estabilidad en Myanmar y la región”. Aseguraron que el régimen militar es responsable de la crisis humanitaria que afecta a 14 millones de personas y le pidieron que permita el acceso a la ayuda internacional, incluidas las vacunas contra la COVID-19. La declaración llamó a la comunidad internacional a hacer rendir cuentas a los perpetradores de las violaciones de derechos humanos e instó a otros países a dejar de vender “armas, material, equipo de doble uso y asistencia técnica” al régimen militar.

El 1 de febrero de 2021, el Ejército de Myanmar tomó el poder del país por la fuerza bajo el argumento de un “fraude” en las elecciones generales de 2020. El Ejército arrestó a líderes y funcionarios del entonces gobernante partido Liga Nacional por la Democracia y declaró el estado de emergencia. Suu Kyi enfrenta varios casos y fue sentenciada a seis años de prisión por cargos que incluyen violar las restricciones del coronavirus, incitación y poseer walkie-talkies “importados ilegalmente”.

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El golpe militar desencadenó protestas masivas y una represión de la junta que ha dejado más de 1.500 civiles muertos y más de 10.871 personas procesadas judicialmente, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos.