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La Comisión Europea (CE) propuso que los gobiernos de la Unión Europea que no quieran participar del futuro sistema de reparto de refugiados en casos de crisis queden excluidos de esta responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada uno de los migrantes que no acepte.
"Si un Estado miembro no participa (en el mecanismo correctivo de reparto) deberá apoyar a los que sí lo hacen", explicó en rueda de prensa el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, quien consideró que el pago de esta cantidad es una forma de "solidaridad" mediante financiación.
Con esto, Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublin -que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona- para incluir el mecanismo de emergencia.
La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo, contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno.
"Todo el que tenga derecho a la protección internacional debe tenerla en la UE. Es una obligación moral y una responsabilidad legal", agregó Timmermans, al defender la propuesta en Bruselas.
Timmermans alertó de las consecuencias si la UE deja de lado la solidaridad y advirtió a los Estados miembros que el que forma parte del bloque "no da la espalda a los problemas del vecino, sino que se comparte el trabajo para una solución común".
Así, el mecanismo de corrección se activaría al detectar que la llegada de demandantes de asilo supera en un 50 por ciento la capacidad total de un país para atender refugiados, y se pondría en marcha de manera temporal, hasta que las cifras se estabilizaran y la sobrecapacidad se redujera por debajo de ese 50 por ciento.
La clave de reparto para distribuir entre el resto las plazas que un Estado miembro no pueda asumir porque se encuentra bajo una "presión desproporcionada", se calculará en base a la población y al PIB de cada país (al 50% cada factor).
Fuentes comunitarias indicaron que también se tendrá en cuenta los "esfuerzos" que asuma cada país para dar acogida a refugiados llegados de terceros países, aunque no queda claro de qué manera.
Por esto, Bruselas contempla que un gobierno pueda rechazar "temporalmente" formar parte de este sistema de emergencia, aunque podría eludir la responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada refugiado que no acepte acoger en el marco del mecanismo de solidaridad.
La cantidad a pagar por cada plaza rechazada se calculó muy por encima de la ayuda que prevé actualmente el programa europeo de reubicación (6.000 euros por persona) y del costo habitual del asilo a un inmigrante.
El objetivo, según recalcan los servicios de la Comisión, es permitir que los países contribuyan de otra manera a la "solidaridad" necesaria para asistir a los miles de refugiados que llegan a países como Grecia, pero sobre todo que tenga un efecto "disuasorio" y "desincentive" la no participación.
La cantidad recaudada se redirigirá a los Estados miembros que cubran las plazas que el país que se dé de baja temporalmente no acepte.
Al centralizar el registro de las demandas de asilo a través de EASO, Bruselas espera evitar que se multipliquen las peticiones en distintos países por un mismo refugiado.
Además, establece "claras obligaciones" para los demandantes de asilo y advierte de que si un inmigrante irregular se niega a colaborar con las autoridades del país de entrada para ser registrado y tramitar su caso, este comportamiento tendrá "consecuencias".
El inmigrante tampoco podrá elegir el Estado miembro de acogida, sino que seguirá siendo el país de entrada, a no ser que se active el mecanismo de emergencia o entren en juego otras disposiciones previstas en el reglamento de Dublin, como el reagrupamiento familiar.
