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Una situación generalizada de tortura que se ejerce usualmente en el período inmediatamente posterior a la detención de las personas, y es aplicada por militares y policías en un ambiente de "impunidad", caracteriza a México, según informó Juan E. Méndez, relator especial de la ONU.
"Me gustaría decir que la tortura es aislada en México, pero tengo que decir que hay una especie de endemia de la tortura", dijo en conferencia de prensa el relator al término de una visita a este país de 14 días, en los que acudió a diversos centros de reclusión y de detención preventiva.
Según cifras de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) esta práctica se redujo un 30% entre 2012 y 2013, período gobernado por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Aunque las autoridades han reportado una disminución en la práctica de la tortura y de tratos crueles e inhumanos, el relator dijo haber recibido un alarmante número de denuncias en las cárceles, en las que realizó entrevistas aleatorias con reclusos, y de organizaciones civiles mexicanas.
La CNDH reportó que mientras en 2012 recibió 2.113 quejas por tortura, en 2013 conoció únicamente de 1.506 casos por ese delito.
Un pico elevado con Calderón
Méndez expresó una amplia preocupación por la militarización interna del país como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico que fue desplegada por el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) y que continúa.
Las pugnas entre organizaciones criminales sumadas al despliegue militar en las calles han dejado más de 80.000 muertos en el país desde diciembre de 2006.
La tortura y los tratos crueles por parte de autoridades han sido en México un elemento constante o crónico, añadió el relator.
Pero "pareciera que hubo un pico más elevado de incidencia a la tortura en los años anteriores a este gobierno" en que gobernó el ex presidente Felipe Calderón, dijo a la agencia de noticias AFP el diplomático.
Méndez consideró que aunque el gobierno actual está decidido a continuar la lucha contra el crimen organizado, también parece tener una convicción para hacerlo con respeto a los derechos humanos.
En la mayoría de los casos observados por el representante argentino, la tortura se registró en los momentos inmediatamente posteriores a las detenciones, que muchas veces es ejecutada en supuesta "flagrancia" por agentes vestidos de civiles, que propinan golpes y amenazas a los arrestados, vendándoles incluso los ojos durante su traslado en vehículos a casas de seguridad.
Las técnicas para atormentar a las víctimas van de la asfixia con bolsas en la cabeza, toques eléctricos en los testículos, hasta el despojamiento de sus ropas y violaciones sexuales. En la mayoría de los casos, las víctimas recibieron al menos golpes con puños y pies.
Muchas veces los uniformados torturaron a sus víctimas para obligarlos a confesar dónde había droga y armas o para hacerlos aceptar su pertenencia a un cartel del narcotráfico.
El problema es la impunidad
El representante de la ONU denunció también que al llegar a los centros de detención, las víctimas sufren una falta de acceso oportuno a un abogado defensor y a una adecuada revisión médica con fotografías.
"No tengo empacho en decir que el problema es la impunidad", señaló el relator, quien precisó que las condenas por el delito de tortura han sido mínimas en el país.
En el ámbito federal se han emitido tres condenas en los últimos años contra oficiales que han torturado, mientras que en la capital mexicana se han librado otras dos o tres con penas menores respecto a la gravedad del crimen y hay una veintena de procesos en curso.
Así, el relator recomendó al gobierno de México hacer una urgente revisión del sistema de defensoría de las personas en la primera etapa de la detención y avanzar en la reparación del daño.
