28 de noviembre de 2014 - 00:00

Marihuana, minería y Guantánamo, temas como brasas calientes

La implementación de la venta de marihuana en farmacias, la llegada de presos de Guantánamo o el inicio de la explotación minera a gran escala son algunos de los hierros calientes que le dejará el presidente uruguayo José “Pepe” Mujica a su sucesor.

Aunque la ley que reguló el mercado de la marihuana fue aprobada en diciembre de 2013, casi un año después su implementación avanza con pies de plomo. El gobierno abrió el registro para autocultivadores y clubes de cultivo de cannabis, pero todavía resta la parte más novedosa del proyecto: la producción, distribución y venta en farmacias, bajo el control estatal.

Fuentes del gobierno indicaron que el proceso avanza lentamente porque no hay antecedentes de este sistema y se quiere “hacer las cosas bien”. Estimaron además que comenzará a plantarse antes de fin de año y que el cannabis para uso recreativo podría así llegar a las farmacias antes del cambio de gobierno, el 1 de marzo de 2015.

La legalización de la marihuana es rechazada por el candidato de la oposición, Luis Lacalle Pou, pero también es vista con recelo por el oficialista Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión y que durante su presidencia (2005-2010) patrocinó duras medidas antitabaco que enfrentaron al país con la tabacalera Philip Morris.

Desde el lanzamiento de la polémica propuesta impulsada por Mujica, Vázquez ha mantenido distancia con la idea, recomendado fuertemente no consumir marihuana e indicando que si es electo presidente seguirá con atención los resultados de la medida para realizar “las correcciones que sean necesarias”.

En una entrevista realizada en octubre con el semanario Búsqueda, Vázquez sostuvo que “es increíble” que las farmacias vayan a vender cannabis, pero indicó que así será “si la ley lo autoriza”.

Otro tema promovido por Mujica y que generó fuerte polémica en el país fue el acuerdo del mandatario con el gobierno de Estados Unidos para recibir como refugiados a 6 presos de Guantánamo, una decisión que anunció en marzo pero que se fue dilatando.
Después de defender a capa y espada su idea, finalmente a comienzos de octubre Mujica buscó bajar la polémica indicando que analizará el tema con el próximo gobierno.

La dilatada llegada de los presos tampoco es vista con buenos ojos por la población uruguaya (cerca del 60% lo desaprueba, según la consultora Cifra) ni por el opositor Lacalle Pou.

Vázquez, en tanto, respaldó escuetamente la iniciativa indicando que sería “un gesto humanitario”.

A nivel económico, un millonario proyecto de extracción de hierro a gran escala defendido por el gobierno y resistido por un alto porcentaje de pobladores de la zona a explotar, también podría quedar en manos del próximo presidente.

La minera Aratirí -filial local del grupo indio Zamin Ferrous- comenzó a explorar en 2009 un área de 120.000 hectáreas, hasta ahora dedicada a la ganadería, en la zona de Cerro Chato (centro-este uruguayo) en busca de hierro. 
Se trata del primer proyecto de minería de gran porte en el país que representaría una inversión de 2.800 millones de dólares.

Pero tras sucesivos retrasos en la firma del contrato con la minera, Mujica admitió en octubre que resolvería el tema después de las elecciones.

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