El Congreso venezolano, de amplia mayoría opositora, acusó ayer al presidente Nicolás Maduro de dar "un golpe de Estado", luego de que el máximo tribunal del país asumiera las competencias del Legislativo.
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El Congreso venezolano, de amplia mayoría opositora, acusó ayer al presidente Nicolás Maduro de dar "un golpe de Estado", luego de que el máximo tribunal del país asumiera las competencias del Legislativo.
“En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, denunció el presidente de la Asamblea, Julio Borges, quien rompió ante las cámaras de televisión unos hojas con la copia del fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de “basura”.
Borges instó a las Fuerzas Armadas a no "seguir callados frente a la ruptura de la Constitución". "Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales están en contra del caos que sucede en Venezuela", sostuvo el diputado, y anunció que la Cámara "desconoce" a la Corte.
La noche del miércoles, la Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Nicolás Maduro, asumió las funciones del Parlamento.
El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
Esa decisión coincidió con una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. Pero la cita culminó sin acuerdos.
Estas medidas constituyen "los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia", señaló Luis Almagro, secretario general de la OEA en una nota oficial, donde apuntó que "aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado" En el primer rechazo diplomático a la situación, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, retiró a su embajador en Caracas, al condenar la "ruptura de la democracia en Venezuela".
La oposición anunció protestas a partir de mañana sábado, mientras un grupo de diputados protagonizó una refriega con militares frente al tribunal.
El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a que tres diputados opositores, cuya elección había sido suspendida por presunto fraude, juraron en el Parlamento pese a la medida judicial. Tras ello, anuló todas las decisiones del Parlamento y ya había asumido algunas de sus competencias.
Por esa razón, Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, defendió la medida del Tribunal Supremo. “No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran”, explicó.
“Es difícil llamar a esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe”, comentó Michael Shifter, el presidente de Diálogo Interamericano quien comparó el caso con la decisión del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso en 1992.
La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.
Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público “sin la aprobación de la Asamblea Nacional”. Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% por el FMI para 2017. Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018.
Almagro: "No callar ante la dictadura"
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció ayer que hubo un “autogolpe de Estado” en Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia despojara de sus funciones a los diputados de la Asamblea Nacional.
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, dijo Almagro, que desde que llegó a la Secretaría General de la OEA se ha convertido en uno de los políticos latinoamericanos más críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro y ha denunciado en numerosas ocasiones la crisis política que vive el país.
“Las normas internacionales regionales y universales a las que Venezuela soberanamente ha adherido, y que por ello la obligan a su cumplimiento, reafirman el respeto a la separación de poderes como garantía ineludible para la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa del sistema democrático y del estado de derecho”, recordó el secretario general en un comunicado.
“Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política”, añadió el secretario general de la OEA.
