El informe que origina al pedido de destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff se basa en denuncias de maquillaje de las cuentas públicas y de creación de partidas presupuestarias sin autorización del Congreso. A continuación el detalle:
Foto:
El informe que origina al pedido de destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff se basa en denuncias de maquillaje de las cuentas públicas y de creación de partidas presupuestarias sin autorización del Congreso. A continuación el detalle:
"Pedaladas" fiscales
Los maquillajes se habrían efectuado a través de la “contratación ilegal de operaciones de crédito”, o “pedaladas” fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.
De ese modo, se mejoran de forma engañosa las cuentas del gobierno federal. El procedimiento equivale a un “empréstito” concedido por los bancos al Tesoro, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2000.
El gobierno niega que se trate de operaciones encubiertas de crédito e indica que los casos abordados conciernen operaciones que no estaban directamente bajo la responsabilidad de Rousseff, sino de algunos de sus ministros o titulares de otras instituciones.
Créditos suplementarios
Según el informe, Rousseff dictó decretos y amplió gastos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso.
“Al dictar decretos de créditos suplementarios sin autorización del Congreso, por un total de 2.500 millones de reales en 2015, Dilma Rousseff usurpó la competencia del Legislativo sobre el control del presupuesto”, indica.
