Discreto y determinado, el juez José Castro, artífice de una investigación que sentará a la hermana del rey de España en el banquillo de los acusados, tiene una imagen de trabajador infatigable, aunque también ha sido blanco de duras críticas.
A sus 69 años, Castro es conocido por su lenguaje directo, que aplica por igual a los pequeños delincuentes que pasan por su juzgado de instrucción, en Palma de Mallorca, como a sus imputados más famosos.
Veterano de la judicatura, no dudó en aplicar su habitual ironía a su más ilustre imputada: la infanta Cristina, de 49 años.
Habrían bastado unos folios, pero en enero dedicó 227 páginas a fundamentar sus sospechas de fraude fiscal y blanqueo, ironizando sobre la difícil justificación de algunas facturas atribuidas a la sociedad Aizoon, propiedad al 50% de la infanta y su esposo, Iñaki Urdangarin, de 46 años.
Castro sospecha que este último pudo haber desviado, junto a un ex socio, más de seis millones de euros de dinero público.
Aizoon podría haber servido de pantalla para desviar una parte de los fondos, que la infanta y su esposo habrían podido utilizar para pagar gastos personales, como “un curso de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar cuya conexión con las actividades de Aizoon (...) se antoja harto difícil”, había subrayado el juez.
Su minuciosidad para instruir este caso desde 2010, investigando hasta las más pequeñas facturas de estacionamiento, no sorprende a su entorno.
“Trabaja muchísimo, todo Palma lo sabe”, afirma su hijo, David Castro, de 39 años
