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El jefe de gobierno italiano, Mario Monti, los ministros de Desarrollo, Medio Ambiente, Trabajo y Salud se reunieron ayer en la capital italiana con los sindicatos, administradores locales y representantes de la siderúrgica Ilva, en el sur de Italia, para intentar salvar a la mayor acería de Europa.
La Justicia italiana ordenó el cierre de parte de las instalaciones siderúrgicas así como la detención de varios funcionarios y empresarios por considerar que Ilva es una “fábrica de muerte”, debido a que causa cerca de 90 decesos por año en Taranto, la ciudad sureña de la región Pullas, de 200.000 habitantes.
Unas 12.000 personas perderían el trabajo en caso de cierre, lo que ha provocado una crisis social sin precedentes, dividiendo a la población entre aquellos que defienden el derecho al trabajo y aquellos que piden que se preserve ante todo la salud.
Según fuentes del Instituto Superior de Sanidad, con datos del año pasado, el promedio de muertos por cáncer de pulmón en la zona es superior en un 30% al del país. También mueren un 50% más de hombres y un 40% más de mujeres por enfermedades respiratorias agudas.
