Nuevas pruebas reveladas ayer por la prensa española complicaron aún más a la
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Nuevas pruebas reveladas ayer por la prensa española complicaron aún más a la
infanta Cristina
, hija menor del rey
Juan Carlos
, en el caso de corrupción en el que está involucrado su marido, el duque de
Palma Iñaki Urdangarín
.
El diario El Mundo publica, en base al último informe tributario, que la Infanta emitió decenas de facturas para cobrar un falso alquiler de su Palacete de Pedralbes a Aizoon, la sociedad que comparte con Urdangarín y a la que éste habría desviado parte de los millones de euros de fondos públicos de los que se apropió indebidamente.
Hace unos días, el mismo periódico informó que los investigadores descubrieron que la la hija del rey de España se había autoalquilado el palacete, su vivienda habitual de Barcelona, para desviar dinero de Aizoon y engañar así a Hacienda.
Pero la Infanta no sólo firmó de su puño y letra el contrato ficticio -como arrendadora y arrendataria- de su mansión a Aizzon, sino que su nombre y NIF (número fiscal 00.000.014-Z) aparece en las facturas de cobro.
En su informe, la Agencia Tributaria concluye que el autoalquiler del palacete de Pedralbes- actualmente embargado- fue una operación simulada con el único objetivo de generar gastos falsos para pagar menos impuestos y, al mismo tiempo, desviar fondos de las arcas de Aizoon.
Estas pruebas demostrarían, contrariamente a lo que defendió hasta ahora Hacienda, que la hija del rey y esposa del duque de Palma tuvo una participación consciente y activa en Aizoon, la entidad que ambos comparten al 50% y que está acusada de cometer delitos fiscales en 2007 y 2008.
El duque de Palma fue imputado en 2011 por la presunta apropiación indebida de más de seis millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una fundación aparentemente sin fines de lucro y vinculada al deporte que obtuvo suntuosos contratos con administraciones gobernadas por el conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
Parte del dinero apropiado fue desviado a Aizzon, sociedad que nunca tuvo actividad real alguna -figura como consultora-, sino que funcionó como "sociedad instrumental", según la investigación.
En abril, el juez del caso, José Castro, de los tribunales de Palma de Mallorca, imputó a la Infanta Cristina por su presunta complicidad en los delitos cometidos por Urdangarín y el ex socio de este, Diego Torres, pero posteriormente una instancia judicial superior anuló la decisión judicial al considerar que no había pruebas suficientes.
Sin embargo, el magistrado siguió investigando a la hija de rey por un posible fraude fiscal vinculado a su papel en Aizoon.
Las nuevas pruebas aportadas a la investigación podría derivar ahora en una nueva imputación por fraude y blanqueo de capitales.
La Agencia Tributaria tenía la orden de investigar todas las operaciones de la hija del rey con terceros que superaran los 3.000 euros para determinar las cantidades exactas que podrían haber desviado desde Aizoon y otras entidades.
El fisco descubrió la operación fraudulenta de autoalquier por la que la infanta desvió 6.000 euros en 2006; 6.180 euros en 2007; 6.444 euros en 2008; 3.828 y 3.300 en 2009 (declarados por separado); y 4.995 en 2010. En total, 30.747 euros.
Una vez más, la hija menor del rey, una exitosa empresaria de 46 años, podría convertirse en la primera miembro de la monarquía española en tener que rendir cuentas a la Justicia, un hecho inédito en la historia democrática del país.
