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Donald Trump se ha manifestado escéptico con relación al cambio climático, y su gestión puede debilitar medidas de protección ambiental y la lucha contra el calentamiento global. El nuevo presidente estadounidense había dicho en 2012 que la tesis del cambio climático era un versión inventada por China contra Estados Unidos, aunque después de su victoria electoral afirmó que se mantenía “abierto” a mantener el país a bordo del acuerdo mundial ambiental alcanzado en París en 2015.
También adelantó que planeaba limitar los poderes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) y es un severo crítico de las normativas ambientales, que considera excesivas y limitadoras de la competitividad.
“Estamos muy preocupados porque el papel de los científicos que trabajan sobre la cuestión climática en el gobierno termine hundiéndose”, dijo Andrew Rosenberg, de la Unión de Científicos Preocupados.
Para la EPA, Trump escogió a Scott Pruitt, un ex fiscal general del Estado de Oklahoma, un hombre públicamente hostil a cualquier regulación federal sobre temas ambientales que afecten el sector industrial. Como fiscal general de Oklahoma, Pruitt inició nada menos que 14 acciones judiciales contra la EPA, la misma agencia que ahora presidirá, por considerar que las normas ambientales estaban frenando a las empresas.
Para conducir el Departamento de Energía (que controla numerosos laboratorios de investigación científica) Trump escogió al ultraconservador Rick Perry, ex gobernador de Texas, ácido crítico de la tesis de cambio climático y quien llegó a proponer la eliminación del departamento que ahora deberá conducir.
Ante este escenario, 5.500 científicos (incluyendo nada menos 20 ganadores de Premios Nobel) suscribieron una carta abierta dirigida al nuevo gobierno y al Congreso para “garantizar la mayor integridad, transparencia e independencia en la utilización de la ciencia para apoyar políticas federales”.
