Según la Justicia, durante más de seis años desvió dinero a sus propias cuentas y modificó los registros contables para ocultarlo.
Una empleada administrativa de Estados Unidos fue condenada a 46 meses de prisión por apropiarse de US$1.484.104,80 de la empresa familiar para la que trabajaba. El esquema comenzó en 2019 y se extendió hasta septiembre de 2025, de acuerdo con documentos judiciales difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense.
La condenada es Laura Marie Means, de 46 años y residente de Jackson, Wyoming. Además de la prisión, deberá cumplir tres años de libertad supervisada y pagar restituciones tanto a su antiguo empleador como al Servicio de Impuestos Internos —IRS—.
Means había comenzado a trabajar a fines de 2015 como responsable de la contabilidad de una empresa familiar de Jackson vinculada con distintos establecimientos hoteleros y de alojamiento.
Su puesto le otorgaba un nivel particularmente alto de acceso: administraba las cuentas bancarias, el pago de salarios y la información impositiva de la compañía.
En febrero de 2019 se mudó desde Wyoming hacia Hawái. Sus empleadores le permitieron continuar trabajando de manera remota, con el acuerdo de que regresaría a Jackson aproximadamente una vez por mes.
Fue poco después de esa mudanza cuando, según la investigación federal, comenzaron las transferencias fraudulentas.
El método se apoyó en el mismo sistema que Means utilizaba todos los días para administrar la empresa.
Según los documentos judiciales, modificaba registros dentro de QuickBooks para hacer pasar transferencias no autorizadas hacia sus cuentas personales como gastos comerciales habituales. Algunos movimientos aparecían identificados como “suministros” o “facturas”.
También creó o utilizó una cuenta bancaria no autorizada para desviar fondos y se realizó pagos que no le correspondían.
La investigación detectó además duplicaciones de salarios y bonos que no había ganado.
Como todas esas operaciones se realizaban electrónicamente desde Hawái mientras las cuentas de la compañía estaban en otro estado, parte del expediente fue encuadrado como fraude electrónico interestatal.
El caso no terminó en la apropiación del dinero empresarial. La Justicia determinó que Means no declaró correctamente los ingresos obtenidos a través del fraude y presentó información tributaria falsa.
En julio de 2026 se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y otro por presentar una declaración impositiva falsa.
El juez federal Alan B. Johnson dispuso la pena de 46 meses de prisión, seguida por tres años de libertad supervisada.
Además, deberá devolver US$1.484.104,80 a su antiguo empleador y otros US$355.875,32 al IRS. Tiene previsto entregarse al sistema penitenciario federal el 2 de diciembre.
El caso fue investigado conjuntamente por el FBI, la división de investigaciones criminales del IRS y la Oficina del Sheriff del condado de Teton.
