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Algunos de los 21 cadáveres encontrados en las 6 fosas clandestinas halladas en una localidad del sur de México, donde desaparecieron días antes 43 estudiantes normalistas, están calcinados, dijo hoy un asesor legal de las familias de los desaparecidos.
Vidulfo Rosales, dicho representante legal, indicó que autoridades del gobierno del Estado de Guerrero les informaron que los restos humanos de un número indeterminado de personas encontradas en las afueras de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México, estaban quemados.
En total serían 21 cadáveres los encontrados. Juan López Villanueva, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acudió al lugar el sábado, dijo que eran seis enterramientos.
Las autoridades no han aclarado si los restos corresponden a los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre a manos de policías locales vinculados al crimen organizado, pero hoy 37 familiares ya se habían hecho las pruebas de ADN pertinentes para confirmar o negar su parentesco con los cuerpos localizados el sábado, añadió Rosales.
La extracción de sangre para las muestras genéticas comenzó a realizarse desde el 28 de septiembre, antes del hallazgo de las fosas, y se aprovechó para ello el momento en que los familiares iban a denunciar las desapariciones ante la fiscalía del estado de Guerrero, indicó el abogado.
Rosales explicó que los restos encontrados en las fosas permanecían en el servicio forense de Iguala, pero que se habían enviado muestras a Chilpancingo -la capital estatal- para corroborar los datos genéticos.
Las fosas se localizaron en la base de un cerro en las afueras de una colonia marginal de Iguala. El lugar, llamado Pueblo Viejo, es un territorio de difícil acceso, que desde primera hora de la tarde del sábado quedó fuertemente custodiado por más de un centenar de policías federales, estatales y miembros del Ejército y de la Marina.
En total hay 30 detenidos, 22 de ellos policías locales, varios de los cuales "son parte de la delincuencia organizada" y en concreto del grupo denominado Guerreros Unidos.
La Procuraduría General de la República asumió ayer la investigación tanto de la desaparición de los 43 estudiantes como de los trabajos de identificación de los cadáveres de las tumbas clandestinas, en los que también colaboran expertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
