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Río de Janeiro. Ahora son los multimillonarios estadios del Mundial de fútbol del año pasado que están en la mira de la justicia de Brasil. El jueves pasado, bajo sospechas de corrupción en la licitación y sobrefacturación en las obras del Arena Pernambuco, en Recife, la policía federal allanó oficinas de la constructora Odebrecht, que ya estaba involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras.
En una operación bautizada Fair Play (Juego Limpio), los agentes policiales confiscaron documentos en el propio estadio mundialista, así como en despachos de Odebrecht en San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Salvador y Recife; no se realizaron detenciones.
Según indicó más tarde el comisario coordinador del operativo, Felipe Barros Leal, las pesquisas apuntan a investigar un fraude en el concurso internacional para la adjudicación de la obra y de sobrecargos por más de 12 millones de dólares en la construcción del Arena Pernambuco, cuyo costo final está estimado en unos 200 millones de dólares.
“El fraude en el concurso internacional ya está confirmado”, aseguró Leal, quien explicó que Odebrecht había contado con ventajas en el proceso de licitación, que dio origen a la sociedad público-privada firmada entre el gobierno del norteño estado de Pernambuco y dos brazos del poderoso conglomerado industrial: Odebrecht Inversiones en Infraestructura Ltda. y Odebrecht Servicios de Ingeniería y Construcción SA.
Según el comisario, la compañía había sido llamada ya un año antes de la adjudicación para realizar el proyecto de viabilidad del estadio, ubicado en la localidad de São Lourenço da Mata, en la región de Recife, e inaugurado en abril de 2013.
Cuando salió la convocatoria de licitación de la obra, que incluye a futuro un complejo residencial, con hoteles, un centro comercial y un campus universitario, las otras empresas competidoras tuvieron apenas 45 días para elaborar y presentar sus propuestas.
Información manipulada
"El proyecto básico fue producido sin que se pusieran a disposición todas las informaciones, sin justificación de los costos adoptados, con exigencia de certificados técnicos exorbitantes, y con un plazo insuficiente de análisis para las demás empresas interesadas, entre otros elementos que buscaban frustrar el carácter competitivo de la licitación", señaló el comisario Leal, quien destacó que la investigación versa sobre cuatro crímenes: asociación ilícita, corrupción de agentes públicos, fraude de licitación y financiamiento.
De acuerdo con la policía federal, Odebrecht también habría incurrido en irregularidades en la valuación de los terrenos del entorno del estadio para conseguir un aumento en el valor del financiamiento conseguido a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), además de presentar costos más caros para la realización de la obra.
Fue en ese sentido que los agentes federales confiscaron documentación en San Pablo, Río de Janeiro y Salvador, cuyos estadios mundialistas también fueron construidos por consorcios integrados por Odebrecht.
Odebrecht, conglomerado de empresas que incluye a la constructora más grande de América Latina, ya estaba siendo investigada por la justicia en relación con el petrolão, como se conoce al esquema de corrupción en Petrobras, por el cual las principales constructoras brasileñas pagaban sobornos a directivos de la petrolera estatal para distribuirse jugosos contratos.
Se estima que desde 2003, cuando llegó al poder el Partido de los Trabajadores (PT), de la mano de Luiz Inacio Lula da Silva, más de 2.000 millones de dólares fueron desviados en esta red y que gran parte de esos recursos acabaron beneficiando a políticos oficialistas. Por el caso ya fueron detenidos varios ex directivos de Petrobras, el ex tesorero del PT y una treintena de altos ejecutivos, entre ellos, el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht.
Ante los acontecimientos de ayer, tanto el gobierno del estado de Pernambuco como Odebrecht negaron que hayan cometido hechos ilícitos.
“La licitación para la construcción del Arena observó todos los requisitos, plazos y exigencias de la ley”, afirmó el gobierno de Pernambuco, encabezado por el gobernador Paulo Cámara, del Partido Socialista Brasileño (PSB), ex aliado del PT.
Fuente: La Nación
