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“Ante el nuevo bono que ordenó pagar el gobierno nacional, desde la FEM nos preguntamos: ¿hasta cuándo le van a meter la mano en el bolsillo a las pymes?”, plantearon desde la Federación Económica de Mendoza para sumarse a las críticas del sector empresario ante el pago extraordinario, de $26 mil, que el Gobierno nacional fijó para los trabajadores agrarios.
La asignación, de carácter no remunerativo y por única vez, es de $26 mil y se pagará en dos tramos: $13 mil con las remuneraciones de enero 2023 y $13 mil con las de febrero. Se trata de un pago extraordinario para los trabajadores rurales, que estableció la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y se adiciona a la suma establecida por el DNU 841/2022, de $24 mil.
Ante ello CAME, de la que es parte la FEM, manifestó su disconformidad y resolvió la presentación de un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo de Nación. Lo hizo junto a las entidades que conforman la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Coninagro, CRA, SRA y FAA).
“Desde la FEM coincidimos con CAME en que el 2022 no fue un buen año para el sector agropecuario, por lo que esta medida se suma a todo aquello que atentó y atenta contra la producción y generación de empleo genuino: eventos climáticos adversos (en Mendoza la reciente helada tardía afectó 92 mil hectáreas); asimetrías cambiarias con los países vecinos; falta de combustible, segundo insumo más importante para la producción; falta de repuestos para maquinarias y tractores, y una presión tributaria en ascenso en los 3 niveles, entre otras problemáticas”, señalaron desde la entidad mendocina.
Asimismo, resaltaron que las paritarias han funcionado de manera activa y permanente y, si bien entienden que los salarios son bajos, manifestaron que sería conveniente generar condiciones para el desarrollo del sector.
La Federación Económica de Mendoza (FEM) ya había expresado su preocupación sobre el pago de un bono de fin de año de $24 mil para los trabajadores del sector privado que perciban hasta $185.000, y que fue decretado por el gobierno nacional. Esto, porque la medida no fue consultada ni consensuada con las entidades que representan al sector. “Se aplicó con un desconocimiento total de la realidad de las pequeñas y medianas empresas y comercios en general”, plantearon.