La justicia española fijó ayer una fianza récord de 110 millones de euros a los principales involucrados en el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans y en maniobras vinculadas con esa operatoria, entre los que se encuentran el ex propietario de la compañía turística ibérica y ex presidente de Aerolíneas Argentinas Gerardo Díaz Ferrán. De ese total, Díaz Ferrán deberá depositar 30 millones de euros para evitar la prisión, otros 30 millones corresponden al ex director general de Marsans, Iván Losada, mientras que Angel de Cabo, presidente de Posibilitum Bussiness, a la que los mencionados transfirieron todo su patrimonio para evitar el pago a acreedores, deberá desembolsar una fianza de 50 millones para no ir a la cárcel.
En horas de la tarde, fuentes penitenciarias españolas confirmaron que el cofundador del grupo turístico Viajes Marsans será trasladado a una cárcel de Madrid después de que declare por la causa de un crédito de Caja Madrid a la aerolínea Air Comet, de lo que se desprende que el empresario no pagará la fianza.
La empresa de Angel de Cabo, con un patrimonio de 60.000 euros y sin ninguna experiencia en el sector -se dedicaba al comercio de animales domésticos- recibió los activos del grupo, luego de que sus titulares se enteraran que al menos 20 empresas a las que debían dinero, pidieran el concurso de acreedores para cobrar.
El supuesto acuerdo de Ángel de Cabo con Díaz Ferrán y con Pascual consistía en ayudarlos a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas de más de 1.000 millones.
Díaz Ferrán está acusado de haber ocultado dinero, bienes y propiedades, para no pagar deudas de Marsans (dentro del que se encontraba la aerolínea Air Comet) y además en febrero tendrá que comparecer ante la Justicia española por defraudación a Hacienda con la compra de Aerolíneas Argentinas, en 2001.
Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual (fallecido en junio) condujeron Aerolíneas Argentinas desde 2001 a 2006, a través de su socio minoritario, Antonio Mata, y luego en forma directa entre 2006 y 2008 cuando se la expropió el gobierno argentino por reiteradas irregularidades.