Foto:
Madrid. Rebautizada por algunos como “ley mordaza”, una legislación sobre seguridad interior que España se dispone a aprobar provoca indignación entre los defensores de los derechos humanos, para quienes ataca desde la libertad de expresión hasta la protección de los inmigrantes.
Con los únicos votos a favor del gubernamental Partido Popular (PP), que tiene mayoría absoluta, y toda la oposición en contra, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobado ayer en el Congreso de los Diputados. A principios de 2015 debe pasar al Senado donde, si no hay modificaciones, recibirá luz verde definitiva.
El texto inicial de 2013, muy duramente criticado, fue suavizado por el Ejecutivo conservador.
Sin embargo, prevé aún multas de hasta 600.000 euros para manifestaciones no autorizadas en lugares que puedan perturbar los servicios públicos o de hasta 30.000 por obstruir acciones de las autoridades como desobedecer a la policía o impedir expulsiones de familias desalojadas.
La nueva norma “está en condiciones de garantizar más y mejor la seguridad ciudadana al tiempo que lo hace con más seguridad jurídica y garantiza más y mejor los derechos y libertades de los ciudadanos”, en opinión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
No obstante, para la asociación Jueces para la Democracia, “la ley se dirige esencialmente a disuadir a los ciudadanos de que ejerzan sus derechos fundamentales”, explicó su portavoz, Joaquim Bosch.
Especialmente, teniendo en cuenta que en rarísimos casos las protestas en España registran enfrentamientos, pese a que la severa política de austeridad aplicada por el gobierno originó tantas manifestaciones en los últimos años que la alcaldesa de la capital, Ana Botella, llegó a pedir que fueran limitadas.
En opinión de Bosch, ahora “el gobierno lo que pretende es una regulación paralela para poder sancionar protestas” por la rápida vía administrativa.
Recientemente se introdujo además en el texto una cláusula que legaliza las devoluciones “en caliente” de inmigrantes interceptados en la frontera, especialmente en las colonias españolas norteafricanas de Ceuta y Melilla, sometidas a una fuerte presión migratoria.
Allí, la Guardia Civil devuelve regularmente al vecino Marruecos a los inmigrantes que acaban de franquear la valla fronteriza entrando en lo que jurídicamente es territorio europeo.
Estas devoluciones están “prohibidas por 11 normas, tanto del derecho español como del derecho comunitario e internacional”, denuncia la ONG Amnistía Internacional (AI), para quien se impide así a los inmigrantes “acceder a su derecho a buscar asilo y acceder a un procedimiento con todas las garantías, incluyendo asistencia letrada”.
“No se trata de una cuestión humanitaria ni de sentimiento, sino de una cuestión de derechos humanos”, fustigaba el director de AI España, Esteban Beltrán.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) había afirmado a finales de octubre estar “preocupado” por esta iniciativa española, al tiempo que pedía “que no se utilice la violencia en las fronteras”, después que videos difundidos por algunas ONG mostrasen a la Guardia Civil golpeando a los inmigrantes encaramados a la valla.
“Hay mucha hipocresía, desde despachos del norte de Europa donde no tienen este problema, desde el centro de Europa y desde otros lugares que dan lecciones de humanitarismo
Yo les diría que me den su dirección y que enviamos a esa gente con el compromiso que les van a mantener y les van a dar un puesto de trabajo”, lanzó Fernández Díaz, reclamando una vez más ayuda para combatir la inmigración clandestina.
