Habrá que preguntarse si lo que se está cerrando no es solo un plan estratégico, sino la posibilidad misma de que exista un desarrollo vitivinícola con raíces locales.
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El cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) no es un dato técnico: es una señal política. Después de más de dos décadas en las que la vitivinicultura argentina intentó construirse como política de Estado, el abandono del PEVI deja en evidencia quiénes quedan desprotegidos cuando el Estado se retira.
Los más vulnerables son los de siempre: el pequeño productor, el bodeguero mediano y el emprendedor que apostó al turismo eco-cultural como camino de desarrollo local. No se trata de un complemento decorativo de la industria: es un eslabón estratégico que, sin políticas públicas que lo sostengan, queda capturado por quienes ya tienen capital económico e institucional para aprovecharlo.
La paradoja es llamativa. Mientras Mendoza construye desde abajo redes iberoamericanas de turismo eco-cultural (como la que nació en la I Cumbre realizada en nuestra provincia, con compromisos concretos de desarrollo sustentable) el Estado nacional desfinancia las herramientas que protegen a quienes históricamente sostuvieron esos paisajes.
La desregulación no genera un vacío neutral. Produce una reconfiguración del poder territorial, siempre en favor de los más fuertes.
Habrá que preguntarse entonces si lo que se está cerrando no es solo un plan estratégico, sino la posibilidad misma de que exista un desarrollo vitivinícola con raíces locales.
* Desirée Amaya. Becaria doctoral. Incihusa-Conicet