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Según un reciente fallo de la Justicia Federal, no importa que alguien esté preso y trabaje en la cárcel o lo haga en libertad, dentro de una oficina. Ambos tienen los mismos derechos y por eso sus condiciones deben ser iguales: sueldo mínimo vital y móvil, aguinaldo, vacaciones, licencias justificadas, ART, condiciones de higiene y seguridad, aportes jubilatorios.
El fallo firmado el lunes pasado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación generó debate y polémica. Los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David marcaron con su firma un antes y un después en cuestión de trabajo intramuros.
Su fallo sería de aplicación casi automática para los internos que dependen del Servicio Penitenciario Federal, ya que el reclamo original partió de un preso alojado en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza. Pero sienta un precedente al que podrían apelar los detenidos de las cárceles provinciales.
El preso en cuestión es un croata de 35 años, tras las rejas desde el 2002 por robos y homicidio criminis causa, que ya había tenido éxito con otros planteos: logró que le dejaran recibir las encomiendas que su familia le mandaba de Croacia, y también que en su sector de la cárcel funcionara un teléfono habilitado para recibir llamadas del exterior. Su libertad condicional está pautada recién para 2022.
Su reclamo rebotó primero en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y luego en la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata. Fue así que llegó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
Esta no sólo le dio la razón: estableció que, más allá de estar entre rejas, los presos deben tener los mismos derechos y garantías laborales que el resto de la población.
