Al activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, Gran Bretaña puso en marcha el reloj de dos años de negociaciones de divorcio con la UE, que ya se anuncia difícil por las expectativas a un lado y otro del canal de la Mancha.
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Al activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, Gran Bretaña puso en marcha el reloj de dos años de negociaciones de divorcio con la UE, que ya se anuncia difícil por las expectativas a un lado y otro del canal de la Mancha.
El primer día del Brexit ya sacó a relucir las diferencias. La primera ministra británica, Theresa May, abogó por acordar los términos de la futura relación con la UE “junto a los de la retirada”, una opción rechazada por su homóloga alemana, Angela Merkel.
En su futuro marco de relaciones con la UE, Theresa May expresó en la carta cursada a sus socios europeos su deseo de “un acuerdo de libre comercio audaz y ambicioso”, máxime cuando Gran Bretaña renunció a permanecer en el mercado único europeo para no aceptar una de sus libertades: la libre circulación de personas.
El tema financiero es una de las prioridades de la UE, definidas la semana pasada por el negociador de la Comisión, Michel Barnier, quien liderará las negociaciones en nombre de los 27 países, junto a la factura que Londres debe pagar por sus compromisos ya adquiridos con sus socios y a la frontera entre Irlanda y la británica Irlanda del Norte.
Respecto a la factura, que los europeos estiman en hasta 60.000 millones de euros, aunque todavía no hay cifras oficiales, la ausencia de cualquier mención en la carta de la jefa del gobierno británico representa una “elección táctica” para Vivien Pertusot, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.
Ante el potencial comercial del bloque europeo, Theresa May escogió jugar la carta de la defensa, al advertir en su misiva que, “en términos de seguridad, un fracaso en alcanzar un acuerdo significaría que nuestra lucha contra el crimen y el terrorismo se vería debilitada”.
“Gran Bretaña es una potencia militar, diplomática, miembro] del Consejo de Seguridad y mantiene una relación especial con Estados Unidos”, destaca el analista Ignacio Molina, para quien los británicos son un “contribuyente neto a la seguridad europea”.
El acuerdo de divorcio debe ser aprobado por mayoría por los países de la UE, así como por la Eurocámara y el Parlamento británico, pero un eventual acuerdo de libre comercio, en el marco de las futuras relaciones a ambos lados del canal de la Mancha, podría seguir un camino más tortuoso.
