La inadecuada conducta de la jueza Julieta Makintach, del Tribunal Oral de San Isidro que estaba a cargo del juicio que debía determinar las causas de la muerte del ídolo futbolístico Diego Armando Maradona, ocurre cuando la discreción y la prudencia por parte de los magistrados queda de lado y da lugar a un afán de protagonismo totalmente inadecuado en quien debe administrar justicia.
Escena del documental que estaba grabando la jueza del caso Diego Maradona, Julieta Makintach.
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Captura de video La Justicia es una de las instituciones principales de la república. El poder que debe mantener equidistancia de los dos restantes para interpretar las leyes y obrar con ecuanimidad y sin influencias. Sin embargo, en nuestro país el Poder Judicial es depositario de muchas críticas por parte de la ciudadanía por su desempeño en general: baja reputación atribuida a la lentitud en la resolución de causas, principalmente, y negligencia en el obrar de algunos de sus miembros.
Estas falencias se acentúan cuando la discreción y la prudencia por parte de los magistrados queda de lado y da lugar a un afán de protagonismo totalmente inadecuado en quien debe administrar justicia.
Es lo recientemente sucedido con la inadecuada conducta de la jueza Julieta Makintach, del Tribunal Oral de San Isidro que estaba a cargo del juicio que debía determinar las causas de la muerte del ídolo futbolístico Diego Armando Maradona.
Como bien se sabe, la jueza Makintach decidió ser la principal protagonista de un documental sobre dicho proceso judicial, para lo cual, entre otras acciones, dispuso introducir un camarógrafo en una audiencia del trascendente caso. Con su actitud desvirtuó lo que había transcurrido del juicio y dejó de lado la garantía de debido proceso.
Claramente, la magistrada violó las reglas establecidas por el tribunal que ella integraba y de algún modo involucró en la tira que pretendía editar a sus dos colegas, como también a los abogados de los participantes del juicio y a los familiares del ex futbolista. La nulidad de lo actuado hasta ese momento marca una frustración para los participantes, ya que se deberá recorrer nuevamente gran parte del camino recorrido hasta cuando ocurrió el escándalo.
Por otro lado, la situación adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que para el pretendido montaje documental hubo utilización de recursos públicos con el fin de una acción de promoción personal, actitud absolutamente inconcebible en un juez.
Mientras la doctora Makintach negó estar al tanto del proceso para lograr el audiovisual del escándalo, ensayando así una suerte de defensa propia, un fiscal general adjunto de San Isidro presentó el proceso audiovisual logrado como prueba para fundamentar el pedido de recusación, que dio paso al necesario apartamiento de la jueza.
Como reflexión, dejando de lado el nuevo proceso judicial que una causa tan impactante requiere, en lo sucesivo sería pertinente determinar si el escándalo del documental fue un hecho aislado o si destapa una serie de irregularidades habituales tan o más graves que ésta.
Pero también la advertencia debe hacerse extensiva a la política, que constitucionalmente participa de la designación de magistrados judiciales. Entre las atribuciones se deberá profundizar no sólo en el cumplimiento de los aspectos técnicos y profesionales necesarios, sino también en lo concerniente a la ética y a la madurez que se requieren para funciones de tanta responsabilidad. En efecto, la falta de respeto hacia el sistema y hacia las personas interesadas en este juicio y el papelón internacional que el caso generó al país deben reflejar el nivel de urgencia imperante.