El rechazo parcial del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado es, una vez más, demostrativo de la necesidad de consensos en el plano político para intentar avanzar con medidas que los gobiernos de turno necesitan o pretenden imponer.
Marchas en contra de la ley de tierras.
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Los Andes
El gobierno nacional acaba de sufrir un traspié importante en el Senado durante el abordaje del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Logró la aprobación inicial, pero a cambio de tener que resignar los aspectos que más movilizaban al oficialismo, más allá de la válida polémica que dichos capítulos generaron.
A primera vista lo que quedó en pie, y deberá ser revisado por la Cámara de Diputados, contiene aspectos no controversiales en líneas generales. En cambio, el articulado correspondiente a la ley de tierras y a la de manejo del fuego, válidamente discutibles, no pasaron el filtro entre los sectores habitualmente aliados del gobierno, dándole la posibilidad a la oposición justicialista a participar de una celebrada victoria.
Este caso es, una vez más, demostrativo de la necesidad de consensos en el plano político para intentar avanzar con medidas que los gobiernos de turno necesitan o pretenden imponer. En primer lugar, quedaron en evidencia una serie de desajustes en el propio seno del oficialismo, atribuidos en gran medida a una aparente premura que fue en contra de la necesaria búsqueda de acuerdos que temas tan ríspidos requieren.
Es reconocido el hecho de que el espacio libertario haya sabido ganar en las últimas elecciones legislativas un número considerable de diputados y senadores nacionales, de modo de poder competir con mayor igualdad en la discusión de temas que un gobierno ampliamente reformista, como el actual, necesita consolidar. Pero ello no es suficiente.
En efecto, el Parlamento es, con mayoría parcial o sin ella, el ámbito de debate y negociación de las medidas que llegan desde el Poder Ejecutivo. Salvo excepciones en las que puede regir la llamada “mayoría automática”, el mecanismo constitucional le otorga al Congreso los atajos que se requieren para evitar la sanción de leyes sin el mínimo consenso. El abordaje en comisiones es un trámite necesario en tal sentido.
En este caso puntual, el oficialismo libertario probablemente haya considerado contar con el respaldo logrado en otras oportunidades, burlando mecanismos básicos que impone la práctica parlamentaria, como hemos indicado antes. Eso condujo a la falta de apoyo en las bancas, en la mayoría de los casos como expresión del retiro de avales de gobernadores generalmente aliados, más un elevado rechazo social. Es por ello que el Gobierno perdió en las bancas y estuvo al límite de soportar un alto costo político.
Cuesta admitir que un espacio que llegó al poder, con el voto legítimo de una mayoría ciudadana, prometiendo dejar atrás mecanismos catalogados de un tiempo político perimido recurra al mismo libreto. El consenso es válido en todo tiempo; es el arte de ponerse de acuerdo.
