Distintos reportes dan cuenta de una manifiesta inquietud entre las pymes, ya que los efectos de la presión importadora vigente en la economía actual derivan en una sensible caída de la rentabilidad, de la mano de menor participación en el mercado y el no conveniente traslado a los precios de venta de mayores costos que se registran.
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Aunque pueda resultar reiterativo, cabe detenerse siempre en las inquietudes que presentan sectores de la economía del país ante los cambios que lleva a cabo la actual administración nacional. En especial se deben mirar con atención planteos que surgen del núcleo de la pequeña y mediana empresa por el efecto movilizador que suele caracterizar.
Distintos reportes dan cuenta de una manifiesta inquietud entre las pymes, que también se traslada a las compañías de mayor porte del país, poniendo de manifiesto números no del todo favorables en los últimos meses en la balanza que contrasta ganancias y pérdidas.
Los efectos de la presión importadora vigente en la economía actual derivan en una sensible caída de la rentabilidad, de la mano de menor participación en el mercado y el no conveniente traslado a los precios de venta de mayores costos que se registran.
De acuerdo con una reciente encuesta a cargo del Observatorio Pyme, para el 70% de las empresas la producción se encuentra estable o en baja y hay un elevado porcentaje de firmas que expresaron preocupación por la caída de la demanda. De un 74% de empresas que sostuvo haber tenido aumento de costos recientes sólo el 35% pudo trasladarlo a los precios.
El mismo sondeo del Observatorio Pyme dio cuenta de que el 45% de las compañías consultadas informó sentir los efectos de la amenaza importadora, mientras que el 33% verificó una pérdida de participación a manos de importaciones.
En ese contexto, los datos concretos de la economía en el segundo trimestre de este año contrastan nítidamente con lo observado en los primeros tres meses de 2025, imponiéndose indicadores recesivos que mucho preocupan al empresariado, que, a su vez, pide al gobierno nacional que acelere sus planes de reformas estructurales, entre las que se encuadra la laboral, que tenderá a alejar riesgos a las empresas y a blanquear puestos de trabajos mediante una baja en las obligaciones impositivas hoy vigentes.
Con la actual situación no debe descartarse que parte del empresariado insista ante las autoridades con pedidos de alivios en la presión fiscal y reformas en el mercado laboral que pongan freno a la búsqueda actual de equilibrio con los siempre desagradables recortes de personal.
Hay un obstáculo: el Ejecutivo Nacional pretende postergar sus planes reformistas para después del recambio de bancas en el Congreso, confiando en un buen resultado en las elecciones legislativas de fines de octubre que le permita contar con un mayor número de legisladores oficialistas o aliados. Una válida especulación electoral, pero de cara a una realidad de la economía que tiene sus urgencias y merece ser atendida.
Ya se ha señalado desde este mismo espacio de opinión en más de una oportunidad que la falta de un número adecuado de representantes del oficialismo en el Congreso no invalida la búsqueda de mecanismos de consenso, una cuenta pendiente de los actuales funcionarios nacionales, salvo honrosas excepciones.
El atraso en los tiempos de las decisiones por parte del Ejecutivo Nacional contribuye con el actual impacto que acusan muchas empresas.
