El régimen que gobierna en Nicaragua no deja de profundizar su control sobre las sometidas instituciones de ese país con el propósito de perpetuar su dominio con la menor cantidad de obstáculos posible.
La autoridad dictatorial de Nicaragua acentúa su modalidad opresiva y represiva, basada en la principal finalidad de eliminar toda oposición que cuestione sus mecanismos. Esta lamentable realidad que vive el pueblo nicaragüense no debería ser inadvertida en la región.
Foto:
El régimen que gobierna en Nicaragua no deja de profundizar su control sobre las sometidas instituciones de ese país con el propósito de perpetuar su dominio con la menor cantidad de obstáculos posible.
Recientemente, el Parlamento nicaragüeño, dominado por el oficialismo que responde al dictador Daniel Ortega, aprobó una reforma constitucional que veta a figuras disidentes, a las que el régimen considera “traidores a la patria”. Además de políticos se busca censurar a intelectuales y profesionales que no coinciden con el sistema cada vez más enérgico que impera en aquel país. En línea, también se amplió a siete años el mandato presidencial.
La mencionada enmienda es una de las últimas medidas diseñadas por el dictador Ortega para alejar a la oposición de toda posibilidad de ganar una elección y pasar a gobernar a Nicaragua o, al menos, ejercer un adecuado control de sus excesos.
La lamentable descalificación a quienes resisten política y socialmente al sistema gobernante le fue impuesta a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados por la autoridad dominante.
Ortega, octogenario exguerrillero que formó parte de la Revolución Sandinista de izquierda que derrocó al dictador Anastasio Somoza y gobernó a Nicaragua entre 1979 y 1990, volvió al poder en 2017 junto a su esposa, Rosario Murillo, con la que directamente cogobierna con mano de hierro.
Como señalábamos, de este modo la autoridad dictatorial de Nicaragua acentúa su modalidad opresiva y represiva, basada en la principal finalidad de eliminar toda oposición que cuestione sus mecanismos.
Esta lamentable realidad que vive el pueblo nicaragüense no debería ser inadvertida en la región. Los hechos han demostrado con el paso del tiempo los resultados nefastos para las poblaciones de países gobernados por regímenes dictatoriales y totalitarios, como Cuba y Venezuela. Sistemas que impusieron mecanismos políticos y económicos e ideologías que terminan conduciendo a su propio y lógico deterioro y empobrecimiento.
Por otro lado, el lento pero firme aislamiento de Nicaragua en base al mando rígido de Ortega ha merecido durante años fuertes críticas a nivel diplomático, pero nunca se llegó a un abordaje serio por parte de los organismos autorizados, como la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya principal misión es velar por la vigencia de la democracia en los países de la región.
Si bien consta que el mencionado organismo ha emitido múltiples condenas de carácter diplomático en las que se ha referido a las violaciones a los derechos humanos en ese país, convocando, incluso, a reuniones de los países miembros de la organización, nunca se ha podido avanzar de forma concreta para obstaculizar al régimen dominante.
Un presente lamentable para un país integrante de una región que quiere avanzar en la consolidación de su economía y la proyección de su sociedad.
