La carencia de viviendas dignas para un amplio sector de la población, siguen siendo uno de los graves problemas de nuestra sociedad. Hace bien el Estado provincial en continuar algunos programas y entregar unidades habitacionales. También espera solución la complicada realidad de los numerosos asentamientos o barrios populares que tiene el territorio.
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La situación de habitantes de Mendoza residiendo muy mal en conglomerados que carecen de algunos servicios básicos, como agua, electricidad o cloacas, es una realidad que golpea muy fuerte y que espera la respuesta prioritaria del el Gobierno provincial.
El 12% de la población del país -más de cinco millones de personas- reside en villas y asentamientos de muy mala calidad habitacional, afectando a sus integrantes más jóvenes por la falta de trabajo y horizontes de vida. Son escenarios que no permiten encarar proyectos de vida con un cierto horizonte.
En el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), figuran unos 360 barrios precarios en Mendoza, que necesitan ser intervenidos para mejorar su infraestructura.
En esos conglomerados, comenzaron a ejecutarse en la gestión nacional anterior unas 41 obras de mejoras. De esos trabajos, la mitad se encuentran demorados o totalmente paralizados. En concreto, los emprendimientos previstos estaban destinados a la instalación de agua potable y luz, obras intradomiciliarias y reparación de la vía pública para hacer transitables las calles de acceso y salida de esos conglomerados.
Como se ve, hay mucho para hacer en materia de barrios en deplorables condiciones edilicias, donde -no nos vamos a cansar de repetir- vive gente de bien y trabajadora, que conviven con individuos con conductas reprobables.
El Gobierno de Mendoza tiene definitivamente que encarar las mejoras en los asentamientos y tratar de finalizarlas supliendo la ausencia de recursos nacionales. Mientras esa gestión no se concrete persistirán en los distintos departamentos de Mendoza, los asentamientos (antes llamadas villas miserias) que son una verdadera vergüenza y este calificativo no es en detrimento de quienes habitan esos lugares, sino que tiene que ver con la deuda no saldada de la sociedad y sus gobiernos en no ayudar a las comunidades que menos tienen.
Habrá que recordar que la Secretaría de Integración Socio Urbana, destinada a solucionar la problemática de los barrios populares se creó en 2019, por medio de un decreto del expresidente Alberto Fernández. A la par, se diseñó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), como medio apto para financiar las obras a través de un porcentaje derivado del Impuesto País. Al asumir Javier Milei, la nueva gestión le quitó recursos a la secretaría y le bajó el rango a subsecretaría. Además, en febrero de este año, el FISU pasó de recibir 9% de la recaudación del Impuesto País a un magro 0,3%.
De todos modos, debe mencionarse los esfuerzos del Gobierno provincial en favor de la integración socio urbana de los barrios populares por la integración del Comité creado con ese fin mediante ley provincial.
También citamos como positivo las recientes entregas de dos barrios en el departamento de Santa Rosa, uno de 35 unidades habitacionales y otro de 12. Estas soluciones habitacionales forman parte del programa nacional Reconstruir, que fue paralizado durante la gestión anterior. Ante esta situación, el Estado provincial asumió 100% del financiamiento de las obras. El propio gobernador Alfredo Cornejo destacó que, a diferencia de la Nación, que decidió retirarse de la financiación de estas operatorias, la Provincia tomó el compromiso de finalizarlos con recursos propios.
Entonces, el Estado provincial debe asumir la responsabilidad de levantar las viviendas y las entregue a los vecinos, mientras el crédito bancario para este fin siga siendo de muy difícil o casi imposible acceso para los particulares.
Esta forma de respuesta estatal deberá estar presente hasta que el país vuelva a contar con un sistema que permita a las personas acceder a préstamos hipotecarios a largo plazo, con tasas de interés razonables, sin depender exclusivamente del Estado.