El malestar puesto de manifiesto desde el Poder Ejecutivo por el resultado de las recientes votaciones entendemos que de ningún modo se justifica, especialmente por la ya citada inoperancia que condujo a una dilación inusual en el abordaje de las nominaciones. Y porque gran parte de la negativa tuvo su origen en los criticados antecedentes del juez Lijo.
Manuel García Mansilla y Ariel Lijo.
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Los contundentes resultados de la reciente sesión de acuerdos del Senado Nacional en contra de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación pusieron en evidencia lentitud institucional y falta de manejo político.
El tiempo transcurrido desde la presentación de los pliegos por parte del Poder Ejecutivo fue desmedido y los resultados de las respectivas votaciones, en contra de los dos juristas propuestos, se terminaron convirtiendo en un castigo para el oficialismo por no advertir las trabas con que debió moverse para intentar imponer a sus postulantes.
Los mayores cuestionamientos desde el momento de la nominación recayeron en la persona de Ariel Lijo, que en su extensa trayectoria como juez federal tuvo que hacer frente a múltiples denuncias, especialmente atribuidas a demoras en el manejo de causas a su cargo, en las que la investigación se dirigía hacia funcionarios públicos denunciados por diferentes razones.
También este magistrado había sido denunciado por garantizar con su actuación hechos de impunidad y de encubrimiento y pago de coimas en casos que involucraron a distintas administraciones nacionales. Y hubo cuestionamientos contra él de una elevada cantidad de asociaciones profesionales vinculadas con el Derecho.
Tales controversias llegaron hasta los escritorios de la comisión de acuerdos del Senado, sumando una importante serie de antecedentes en contra del juez nominado para el máximo tribunal del país que él mismo no llegó a contrarrestar al momento de exponer en la audiencia pública de rigor.
En cuanto al doctor Manuel García-Mansilla, catedrático de trayectoria y prestigio y para nada vinculado con el Poder Judicial y sus influencias políticas y sectoriales en general, probablemente haya pagado las consecuencias de su decisión de mantenerse en el cargo de juez de la Corte Suprema, para el que juró luego de haber sido nombrado por decreto por el Poder Ejecutivo mientras se gestaba la sesión especial de acuerdos. No se duda de sus conocimientos en derecho constitucional, aunque también pueden haberse registrado diferencias con senadores en cuanto a la interpretación constitucional de determinadas normas que rigen la vida de los argentinos.
Habrá que ver, de ahora en más, si el empecinamiento del Poder Ejecutivo con la continuidad en el cargo de García-Mansilla, en su actual condición, en comisión, no enrarece aún más el clima político en el Senado en lo que se refiere al futuro de la Suprema Corte.
El malestar puesto de manifiesto desde el Poder Ejecutivo por el resultado de las recientes votaciones entendemos que de ningún modo se justifica, especialmente por la ya citada inoperancia que condujo a una dilación inusual en el abordaje de las nominaciones. Y porque gran parte de la negativa tuvo su origen en los criticados antecedentes del juez Lijo.
En próximas nominaciones, el Ejecutivo debería preocuparse por una mejor elección de sus postulantes y un más adecuado manejo de los tiempos en el Senado, evitando, incluso, las siempre habituales especulaciones sobre reciprocidades políticas. Actitudes que van en sentido contrario de la pregonada y prometida depuración de la dirigencia pública que la actual administración nacional prometió cumplir y que lo condujo a un claro triunfo en las urnas.