El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos declarando ilegales los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, no solo redefine la política comercial de Estados Unidos: reafirma el peso de los contrapesos institucionales en la mayor economía del mundo y recuerda que, incluso en tiempos de tensiones económicas globales, el poder presidencial encuentra límites en el Estado de derecho.
Los aranceles de Donald Trump.
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The New York Times La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de declarar ilegales los aranceles unilaterales impulsados por el presidente Donald Trump marca un punto de inflexión institucional y económico en la política comercial norteamericana. El fallo no solo representa un revés judicial inesperado para la Casa Blanca, sino que también reabre el debate sobre los límites constitucionales del Poder Ejecutivo en materia económica y comercial.
El tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), sancionada en 1977, no habilita al presidente a imponer gravámenes comerciales sin la participación expresa del Congreso. Con esta interpretación, la Justicia estadounidense anuló el núcleo de la estrategia proteccionista de Trump, que había establecido aranceles recíprocos del 34% para China y del 10% para el resto del mundo, además de un gravamen del 25% aplicado a México, Canadá y China bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo.
La decisión judicial golpea directamente las previsiones fiscales de la administración republicana. El plan contemplaba recaudar más de 134.000 millones de dólares para fortalecer las cuentas públicas, reducir la deuda federal e incluso financiar eventuales devoluciones fiscales a contribuyentes. Sin embargo, el escenario cambió abruptamente: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ya había recaudado esa cifra a partir de más de 300.000 importadores, lo que ahora abre la puerta a una avalancha de reclamos de reembolso por parte de empresas afectadas.
El impacto potencial es doble. Por un lado, se genera una inédita incertidumbre fiscal, ya que el Tesoro podría enfrentar devoluciones millonarias en un momento en que la economía estadounidense muestra señales de desaceleración. El crecimiento del último trimestre de 2025 fue menor al esperado, condicionado además por el histórico cierre del gobierno federal, lo que agrava el margen de maniobra política y económica.
Por otro lado, el fallo limita la capacidad de presión internacional de Washington. La política arancelaria había sido utilizada como herramienta de negociación para reconfigurar acuerdos comerciales y fortalecer la posición estadounidense frente a sus socios y competidores. Ahora, cualquier intento de restablecer ese esquema requerirá consensos legislativos en un Congreso profundamente dividido, reduciendo la rapidez y unilateralidad que caracterizaron la estrategia de Trump.
Las consecuencias trascienden las fronteras estadounidenses. El comercio global observa con cautela un escenario donde reglas previamente asumidas quedan en revisión. Países que avanzaron en entendimientos bilaterales con Washington, entre ellos la Argentina, enfrentan nuevas dudas respecto de la estabilidad y alcance de futuros acuerdos, especialmente cuando aún restan definiciones formales entre ambos gobiernos.
En definitiva, el fallo no solo redefine la política comercial de Estados Unidos: reafirma el peso de los contrapesos institucionales en la mayor economía del mundo y recuerda que, incluso en tiempos de tensiones económicas globales, el poder presidencial encuentra límites en el Estado de derecho.