Javier Milei asumió como presidente, el 10 de diciembre último, anunciando lo que consideró “el fin del populismo” en la Argentina y un gran “ajuste de shock”. Se expresó con un discurso frente a miles de personas a las puertas del Congreso. No habló ante la Asamblea Legislativa, gesto que constituiría su primer distanciamiento con sectores de la dirigencia política.
Ese día el Presidente no dijo mucho más de lo que había argumentado y prometido en la campaña electoral. Esos preceptos fueron respaldados por el voto popular con porcentajes contundentes el día la elección.
Días después, mediante la emisión de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el Presidente declaró la emergencia en el país por dos años y a la vez lanzó una gran desregulación de la economía. En ese mensaje difundido desde su despacho en la Casa Rosada, y en compañía de sus ministros, Milei también anunció su plan para la derogación de leyes, como la de alquileres, la conocida como de góndolas y la de abastecimiento. Además, fijó el inicio del camino hacia la privatización de empresas del Estado y reformas en materia laboral.
Señaló el Presidente que se ponía en marcha el proceso de desregulaciones económicas “que la Argentina tanto necesita para comenzar a crecer”. Se trató de la medida más enérgica que dispuso, porque mientras la validez del DNU sigue en tratamiento por el Congreso (el Senado lo rechazó, pero Diputados aún no lo trata), sus medidas son de posible aplicación.
Pocos días después el Ejecutivo entregaba al Congreso su propuesta más ambiciosa, el megaproyecto titulado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. En ese momento se trataba de un plan de acción, con más de 600 artículos, tendiente a profundizar y consolidar las reformas que ya había puesto en marcha por la vía del decreto de necesidad y urgencia. Generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos representados en el Congreso y su abordaje quedó inconcluso por diferencias en los contenidos que sí habían consensuado en general el Gobierno y sectores conocidos como “oposición dialoguista”.
Posteriormente, el 1 de marzo sí habló ante la Asamblea Legislativa al inaugurar el periodo anual de sesiones ordinarias del Congreso. En esa oportunidad, sin bajar su habitual tono de confrontación, convocó a la oposición a un acuerdo denominado Pacto de Mayo a cambio de la aprobación de su megaproyecto de ley. Sin embargo, dicho pacto quedó pendiente por las diferencias subsistentes en las cámaras del Poder Legislativo.
Finalmente, estos días se espera que el Senado dé sanción a la versión acotada de Ley Bases, que ya aprobó la Cámara de Diputados en un gesto auspicioso desde el punto de vista institucional pero luego de un proceso cargado de negociaciones y modificaciones. Ya hay fecha prevista para esa sesión. Igualmente, no se descartan nuevos cambios en el contenido.
Como hemos señalado con anterioridad desde este espacio, la Argentina necesita en estos tiempos el diálogo político que asegure la gobernabilidad. Debe observarse que en sus seis primeros meses de gestión el Gobierno no ha logrado del Parlamento la aprobación de una sola ley.
El Poder Ejecutivo necesita su herramienta de gestión, que indudablemente es la denominada Ley de Bases, que en seis meses ha tenido el suficiente abordaje como para que se expresaran sobre ella y consensuaran su redacción final todos los sectores políticos representados por voluntad popular.
Hasta en los momentos más difíciles políticamente hablando deben prevalecer la templanza y la responsabilidad que se necesitan en instancias difíciles como las que atraviesa el país.
