Muchos son los árboles que se pierden en Mendoza, la mayoría de ellos porque cumplieron su ciclo vegetativo y son erradicados por los organismos competentes.
Si se va a transferir a los municipios el control y cuidado del arbolado público, la comunidad espera que las divisiones respectivas de la cada comuna estén equipadas, con personal idóneo para conducir la tarea y actúen con celeridad, en atención a la difícil situación del forestal en la vía pública.
Muchos son los árboles que se pierden en Mendoza, la mayoría de ellos porque cumplieron su ciclo vegetativo y son erradicados por los organismos competentes.
Pero, un porcentaje importante se malogra por falta de cuidado intensivo y programado, y principalmente por carecer de un adecuado riego.
Profesionales y entidades han bregado incansablemente por la provisión adecuada de agua con destino al arbolado, una de las condiciones indispensables para la conservación de la masa arbórea.
Hay muchos lugares del Gran Mendoza y del resto de territorio donde el sufrido arbolado no recibe una gota de líquido, salvo cuando caen los escasos 200 o 250 mm de precipitación pluvial que caracterizan a nuestro suelo.
No debería ser de ese modo, tendría que existir, pese a las crisis hídricas que nos castigan, una cuota ecológica de agua, una de las tantas propuestas del Consejo de Defensa del Arbolado.
No es así y muchos forestales sucumben o adelantan su deterioro porque nos le llega la necesaria humedad para crecer y mantenerse lozanos.
El arbolado es una batalla diaria, difícil de librar porque, y aunque parezca mentira, hay muchos ciudadanos que, por hacer una obra en su beneficio, no dudan en sacrificar al árbol de la calle que interfiere con sus propósitos.
Reconocemos que ahora con la sabia vigencia de la ley 7.874 y la resolución 400 de 2022, de la exDirección de Recursos Naturales Renovables, las cosas han cambiado bastante y se asegura más la protección del aliado vegetal, no obstante, persisten flagrantes injusticias en contra de los árboles.
En la actualidad se está debatiendo la posibilidad de que la Legislatura provincial apruebe la ley que transfiera a los municipios la conservación del arbolado público.
Puede resultar propicio para el forestal público, toda vez que las municipalidades se apliquen de lleno al tema, sean dotadas de personal para la tarea y dispongan de una jefatura profesional, preferentemente de un ingeniero agrónomo, y que se actúe con rapidez y criterio.
Muchos municipios están preparados para ese desafío, otros no y debería ser una tarea de gestión a nivel provincial equipar adecuadamente a las secciones que deberán lidiar con el cuidado y protección de los forestales de la calle.
El Gobierno provincial asignó la totalidad de los 1.023 millones de dólares del Fondo de Resarcimiento, pero hubiera sido interesante dedicar una cantidad proporcional de ese monto a una mejor asistencia del arbolado público y apuntalar el adecuado desarrollo y cuidado del patrimonio verde, sin el cual la vida en el medio sería poco menos que imposible en atención al clima semiárido que caracteriza a la región.