El reciente anuncio del presidente Donald Trump de suspender de manera permanente la inmigración desde países catalogados por él como “del tercer mundo" vuelve a instalar el debate sobre los límites y consecuencias de una política migratoria basada casi exclusivamente en parámetros de seguridad. El tiroteo perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, hecho investigado por el FBI como posible terrorismo, fue el detonante de un giro aún más restrictivo que ya desata polémicas dentro y fuera de Estados Unidos.
Trump no sólo ordenó revisar el estatus de residencia de inmigrantes de 19 naciones -entre ellas Afganistán, Irán, Somalia, Cuba y Venezuela-, sino que también amenazó con revocar millones de visados y eliminar beneficios para no ciudadanos. Se trata de medidas de un alcance considerable que, además de alimentar tensiones diplomáticas, profundizan la percepción de que la seguridad nacional está siendo utilizada como justificativo para aplicar criterios discriminatorios.
El mandatario reconoció, sin embargo, un costado menos visible de este endurecimiento. Las dificultades que enfrenta el mercado laboral estadounidense. Agricultores, empresarios hoteleros y operadores del sector del ocio han manifestado que la agresiva política migratoria está alejando a trabajadores indispensables, muchos de ellos con años de experiencia y desempeño comprobado. “Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los criminales fuera de EEUU", afirmó Trump, admitiendo implícitamente que el país no puede prescindir de la mano de obra inmigrante sin resentir su actividad económica.
Las cifras lo respaldan. Sólo en 2023, inmigrantes -incluidos indocumentados- aportaron 89.900 millones de dólares en impuestos. Sectores como la construcción, la agricultura, la hotelería y los servicios de limpieza dependen de manera estructural de esa fuerza laboral. Presentar a los inmigrantes como responsables de la criminalidad resulta entonces no sólo injusto, sino contraproducente para la propia economía estadounidense.
Para países como Argentina, que históricamente han mantenido flujos migratorios hacia Estados Unidos, la política de Trump puede tener efectos concretos. Desde mayores restricciones para sus ciudadanos hasta una reconfiguración de oportunidades laborales en sectores donde tradicionalmente se desempeñan latinoamericanos.
El dilema para Trump es claro. Sostener un discurso que le reporta rédito político pero que amenaza con erosionar sectores clave de la economía. Resolverlo exigirá más que convicciones ideológicas; requerirá pragmatismo y una visión que contemple la complejidad humana y económica de la inmigración, un fenómeno que difícilmente pueda reducirse a consignas simplistas.
Países como la Argentina se construyeron con el gran aporte inmigratorio que recibieron. También Estados Unidos sumó muchísimos recursos humanos venidos de afuera, antes de Europa, hoy de América Latina. Con buenas políticas integradoras la inmigración siempre suma y no resta, mientras que el racismo, la xenofobia y la discriminación estimuladas en las poblaciones nativas desde el Estado en contra de los extranjeros, sólo aumentan los enfrentamientos sociales, pero no evitan que los inmigrantes sigan llegando.
