En reciente sesión, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó, con el voto mayoritario establecido para estos casos, el veto presidencial contra la ley que declara emergencia en el área de Discapacidad de la Nación hasta diciembre del año próximo.
La emergencia en discapacidad se presenta como una realidad y ahora le tocará al gobierno nacional hacer frente a lo que imponga una legislación consensuada políticamente según los planteos de la comunidad interesada. Si, en cambio, el Gobierno se hubiese allanado a un intercambio de propuestas en el marco de la discusión parlamentaria, probablemente se hubiese evitado el desgaste propio de todo enfrentamiento de posturas cuando una de las partes no accede al diálogo.
Marcha en reclamo de la ley de emergencia en discapacidad.
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Walter Caballero / Los Andes En reciente sesión, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó, con el voto mayoritario establecido para estos casos, el veto presidencial contra la ley que declara emergencia en el área de Discapacidad de la Nación hasta diciembre del año próximo.
Para que la medida del Poder Ejecutivo quede finalmente sin efecto el Senado deberá ahora, en una próxima sesión, reunir dos tercios de votos de sus miembros.
La ley ratificada por Diputados apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas que sufren discapacidades, de modo que no puedan ser alcanzadas desmedidamente por los recortes en materia presupuestaria que lleva a cabo la actual gestión.
Si bien este tema quedó incluido en el marco de la discusión política por un aumento a las jubilaciones y pensiones y la extensión de la moratoria previsional, no quedan dudas de que la problemática que incluye a la política en materia de discapacidad merece una atención especial, alejada del resto.
En principio los recortes en lo referido a pensiones a cargo de la Nación tenían por objetivo retirar dicho beneficio a aquellas personas que no presentaran insuficiencias para ser consideradas discapacitadas, o que habían sido empadronadas de manera irregular o por presuntos favores políticos, como se pudo comprobar en varias provincias.
Debe reconocerse como válido que, en el marco de la supresión de ineficiencias en el funcionamiento del Estado, las autoridades también buscaran irregularidades cometidas por administraciones anteriores, contribuyendo al desequilibrio fiscal que, sin ninguna duda, heredó el actual gobierno nacional.
Sin embargo, el reclamo se potenció porque un elevado número de representantes de personas que realmente pertenecen a la comunidad de la discapacidad sostuvieron que aquel recorte del beneficio alcanzó a pacientes que probadamente necesitan la ayuda.
En el marco de la discusión legislativa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló vía redes sociales que el gobierno nacional “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. Queda por establecer si se trató de una señal gubernamental de aceptación del reclamo o de una estrategia para buscar frenar el abordaje del tema en Diputados.
La emergencia en discapacidad se presenta como una realidad y ahora le tocará al gobierno nacional hacer frente a lo que imponga una legislación consensuada políticamente según los planteos de la comunidad interesada.
Si, en cambio, el Gobierno se hubiese allanado a un intercambio de propuestas en el marco de la discusión parlamentaria, probablemente se hubiese evitado el desgaste propio de todo enfrentamiento de posturas cuando una de las partes no accede al diálogo.
Por otra parte, sanear las cuentas, que es una obligación de los funcionarios y una necesidad en el marco de descalabro heredado, de ningún modo debe derivar en una negación de los servicios que sin claudicar le corresponde garantizar el Estado.
Recortar gastos en organismos públicos generados por estructuras ganadas por intereses políticos es una buena decisión de las autoridades, pero nunca haciendo pagar los costos a los destinatarios del amparo del Estado, justamente en un área que obligatoriamente se debe atender.