El proceso judicial contra el piquetero Eduardo Belliboni y sus cómplices fue intenso. Según los jueces que actuaron hasta llegar a esta elevación a juicio, los acusados sacaron provecho de su “posición dominante” al exigir el aporte de dinero a gente de escasos recursos, “sumamente vulnerable”.
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La Justicia Federal acaba de decidir, a través del juez Sebastián Casanello, enviar a juicio oral al líder de Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa que se generó por la acusación de extorsión a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Debe aclararse que el dirigente piquetero ya se encontraba procesado por presunta defraudación al Estado en el manejo de fondos públicos y administración fraudulenta.
Junto a Belliboni también irán a juicio oral otras 17 personas relacionadas con él y que formaron parte de la trama para el armado de sociedades que falsificaban facturas con recursos estatales. Con esos fondos las organizaciones políticas y sociales a cargo extorsionaban a sectores humildes de la sociedad para que formaran parte de sus actividades piqueteras a cambio de la plata, que manejaban a su antojo.
En síntesis, habían instalado el negocio de los planes sociales, de los cuales eran administradores en nombre de una, a su vez, gestión sumamente irresponsable por parte del Estado. Esta modalidad se creó y fue creciendo durante los años de gobiernos kirchneristas y en el intervalo de cuatro años de gobierno de Cambiemos/Juntos por el Cambio obligó a las autoridades de ese momento a mantener febriles negociaciones para controlar los habituales desmanes en las calles.
Hay un indudable mérito del actual gobierno nacional para hacerse eco de las irregularidades y valerse de las denuncias anónimas de miles de beneficiarios extorsionados y, así, trasladar a la Justicia semejante trama de corrupción.
El proceso judicial fue intenso. Según los jueces que actuaron hasta llegar a esta elevación a juicio, los acusados sacaron provecho de su “posición dominante” al exigir el aporte de dinero a gente de escasos recursos, “sumamente vulnerable”. Contundentemente, las comprobadas exigencias de asistir a las movilizaciones fueron calificadas por la Justicia como amenazas coactivas, mientras que la obligación de aportar un porcentaje de su sueldo se encuadró en la figura de extorsión.
El caos en cuanto al uso de recursos sociales fue de tal magnitud que hasta tuvo repercusión durante el último gobierno anterior kirchnerista, bajo la presidencia de Alberto Fernández. Recuérdese que al promediar dicha gestión la entonces vicepresidenta de la Nación, y líder del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner (hoy condenada en doble instancia por corrupción), hizo un planteo sobre el manejo de los fondos para ayuda que sacudió la interna del oficialismo de entonces; se refirió en forma crítica a lo que ella mismo denominó “tercerización” de la ayuda social. En realidad, blanqueó el desmanejo al no poder evitar su preocupación por el blanqueo del escandaloso método.
Con tantas evidencias en manos de la justicia, es de esperar que el juicio oral a iniciarse sirva de línea divisoria, dejando atrás décadas de burdo descontrol en el uso de los recursos de todos los argentinos con el argumento de ayudar a los más necesitados.
Necesidades en la población hay y muchas. Lo demuestran periódicamente las estadísticas sobre pobreza y marginalidad. En ese contexto, la ayuda social no puede ni debe faltar por parte del Estado, con más razón en medio de un ajuste drástico pero muy necesario en el manejo de los fondos públicos. Lo ocurrido, que ahora debe ser juzgado, demuestra que gran parte de las necesidades de la gente quedaron en los bolsillos de delincuentes.