Las elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires reflotan un mecanismo engañoso y cuestionable desde todo punto de vista: las candidaturas testimoniales.
En nuestro país no es la primera vez que esta engañosa práctica de las candidaturas testimoniales será utilizada; ya ha sido empleada, fundamentalmente por el kirchnerismo, hace ya varios años hasta en elecciones de renovación del Congreso de la Nación. Lamentablemente, el mal ejemplo se expande y esa modalidad ha sido adoptada, también, por otros sectores partidarios.
Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires.
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Las elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires reflotan un mecanismo engañoso y cuestionable desde todo punto de vista: las candidaturas testimoniales.
Se trata de una estrategia electoral de los partidos políticos que tiene impacto directo en lo que se refiere a la transparencia que debería contener todo proceso que conduzca a la votación de la ciudadanía . Es un método que pone claramente en jaque la representatividad democrática, desde el momento en el que muchos de los que se postulan para un determinado cargo no tienen intenciones de asumirlo una vez electos.
Estas desviaciones en el plano institucional se producen, expresamente, porque una candidatura testimonial se produce cuando una figura política de alto conocimiento social y rango destacado se presenta como candidato con la finalidad de sumar votos el día de los comicios, claro que sí, pero con la intención de seguir ocupando su función original una vez superada la jornada electoral. Una suerte de tracción a otros postulantes que lo siguen en la lista y que sí ocuparán bancas en caso de ser elegidos.
Por ejemplo, si un intendente en la mitad de su mandato, como ocurrirá este año, se presenta como cabeza de lista de candidatos a concejales, una vez electo debería renunciar a su actual cargo para ocupar una banca, algo que, se sabe por experiencias previas, nunca ocurrirá.
Clara especulación para sumar un caudal de votos determinado a la lista de los aspirantes que a su propio espacio responden. Probablemente, un signo de debilidad o temor político, ya que si una gestión ejecutiva, tanto provincial como municipal, es eficaz la ciudadanía la puede respaldar simplemente votando a sus candidatos, como suele ocurrir. Es así como nada impide que un gobernante pida el voto para sus legisladores o concejales.
En nuestro país no es la primera vez que esta engañosa práctica será utilizada; ya ha sido empleada, fundamentalmente por el kirchnerismo, hace ya varios años hasta en elecciones de renovación del Congreso de la Nación. Lamentablemente, el mal ejemplo se expande y esa modalidad ha sido adoptada, también, por otros sectores partidarios.
Es por ello que en la próxima elección legislativa bonaerense del 7 de setiembre competirán, según el también problemático cierre de listas, 21 intendentes, la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, y el ministro provincial de Infraestructura, Gabriel Katopodis. De los 21 intendentes, 14 pertenecen al oficialismo provincial, pero también se sumaron a la criticable práctica seis intendentes más por la oposición provincial, dos de ellos nada menos que pertenecientes al oficialismo nacional, el gran adversario del peronismo bonaerense, La Libertad Avanza, que vino a la política supuestamente a combatir a la casta y sus malas prácticas.
Recientemente, y como respuesta a la enorme repercusión que tuvieron las testimoniales bonaerenses, dos senadores nacionales por Mendoza presentaron un proyecto para impulsar un mecanismo legal que termine con dicha distorsión. Meritoria iniciativa que, no obstante, deberá reunir fuerzas para torcer la voluntad de una mayoría política enviciada con ésta y otras estratagemas. Y una clara explicación del ausentismo creciente de la ciudadanía en cada votación.