La inseguridad continúa siendo una gran preocupación de la mayoría de los argentinos. Algunas encuestas recientes reflejan un crecimiento del nivel de enojo de la población, especialmente en zonas más castigadas por la delincuencia.
Sería un gran ejemplo político, en el marco del necesario consenso democrático, que el Estado bonaerense reconociera el desborde que enfrenta y que el área de Seguridad nacional ofreciese, a su vez, una cuota importante de apoyo. La inseguridad no debería ser un botín electoral nunca.
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La inseguridad continúa siendo una gran preocupación de la mayoría de los argentinos. Algunas encuestas recientes reflejan un crecimiento del nivel de enojo de la población, especialmente en zonas más castigadas por la delincuencia.
Uno de los lugares de mayor escándalo es, sin ninguna duda, el conurbano bonaerense, donde prácticamente a diario se registran asaltos con heridos y asesinatos que impactan en la gente, generan un lógico incremento de la sensación de vulnerabilidad y dejan muy mal parada a la autoridad pública en lo que se refiere al control del delito.
En la práctica, una especie de espectáculo televisivo a partir de las tomas que registran las cámaras de seguridad. A través de ellas se puede ver cómo hombres y mujeres de todas las edades son sometidos a la aberrante acción de quienes se sienten dueños de la calle en base a la impunidad existente. Después de las imágenes, la lentitud y hasta negligencia policial y judicial.
Un mal ejemplo para el resto del país y un disparador para que en cada conurbano más o menos peligroso del territorio nacional se ejerza un control más eficiente. Ningún territorio populoso se encuentra libre de este flagelo.
En medio de la crisis reinante, el presidente de la Nación tomó participación por primera vez en el tema y aprovechó su crítica al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por haber participado políticamente en la reciente marcha a favor de la comunidad LGBTIQ+ para descalificarlo duramente por la inseguridad en su territorio. “… la provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha. La provincia de Buenos Aires es tierra de nadie en favor de los delincuentes”, sostuvo Javier Milei en una entrevista por TV.
Más allá de la tensión a la que condujeron los dichos presidenciales, ¿a partir de este pronunciamiento se podrá esperar un acercamiento político de partes? ¿Se trata de una declaración de guerra del oficialismo nacional pensando en el año electoral? ¿O llega a traslucir la idea de una estrategia contra el delito que una a la Nación con la provincia más grande del país? Esto último sería lo recomendable.
Una demostración de cómo la complementación en materia de seguridad es posible entre jurisdicciones lo dio el plan integral suscripto a comienzos de la actual gestión nacional entre el Ministerio de Seguridad y la provincia de Santa Fe, para trabajar en un programa de reducción de armas y la implementación de un sistema de denuncias anónimas protegidas para combatir la proliferación de puntos de venta ilícitos en esa provincia. Rosario, fundamentalmente, había pasado a ser territorio de los narcotraficantes por excelencia, pero en gran medida la acción de apoyo de la Nación sirvió para imponer orden y más tranquilidad.
Por otra parte, también se informó en los últimos días que hubo un principio de acuerdo entre las jurisdicciones de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia (PBA) en cuanto a coordinación de inteligencia criminal, unificación de retenes para evitar superposiciones y la presencia de personal de la Policía Bonaerense en centros de monitoreo de CABA. Interesante paso si se tiene en cuenta que la delincuencia no respeta límites jurisdiccionales cuando éstos son de fácil tránsito.
Sería un gran ejemplo político, en el marco del necesario consenso democrático, que el Estado bonaerense reconociera el desborde que enfrenta y que el área de Seguridad nacional ofreciese, a su vez, una cuota importante de apoyo. La inseguridad no debería ser un botín electoral nunca.