La Provincia se hará cargo de obras en barrios que antes estaban a cargo de la Nación. Expectativas moderadas del sector.
El Gobierno de la provincia le dio forma a un programa que hacía la Nación, pero quedó en casi nada desde diciembre de 2023. Se trata de aportar o financiar la urbanización de asentamientos o su traslado a otros espacios, según sea el caso. De este modo, a través del decreto N°1291, se autorizó la firma de convenios entre la Provincia y los municipios para financiar obras de vivienda, urbanización de barrios vulnerables e infraestructura.
Las obras serán licitadas y ejecutadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El llamado plan de “Soluciones Habitacionales” retomará una tarea que hacía el antiguo Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba) y que desde hace un tiempo está frenado. Ahora, la provincia hará un aporte de 20.000 millones de pesos a proyectos desarrollados por los municipios. De este modo, se buscará cofinanciar a los municipios con el objetivo de urbanizar o trasladar los asentamientos inestables.
La construcción de cuneta, cordón y banquina así como la regularización de servicios básicos aportan a la calidad de vida y es uno de los objetivos del plan. También se ha contemplado la relocalización de asentamientos y la mejora en la prestación de servicios básicos. Desde el sector de la construcción calcularon que esos $20.000 millones son el equivalente a la construcción de unas 200 casas estándar del IPV.
En un contexto en el que la construcción está frenada en la obra pública nacional y sin perspectiva de que esto cambie, los referentes del área pusieron en valor la propuesta así como otras licitaciones que se han hecho desde la provincia. Con respecto al plan de urbanización de asentamientos, el presidente de la Cámara de la Construcción de Mendoza (CAC), expresó que el inicio podría demorarse ya que es preciso terminar de cerrar los convenios con las distintas municipalidades.
Esto porque son las comunas o quienes aportan el terreno para la relocalización o quienes deciden los espacios que serán beneficiados. No obstante, celebró la medida en medio de las dificultades que atraviesan hoy las empresas de este sector. De hecho, los municipios interesados ahora deberán comenzar a registrar sus proyectos en el Banco Integrado de Proyectos (BIP), dependiente de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).
En una línea similar, Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), destacó que es importante realizar las obras correspondientes para mejorar estos espacios y que las personas puedan escriturar. La promesa del Gobierno de licitar estas obras este año entusiasma al sector ya que aunque son construcciones relativamente pequeñas, pero de mano de obra intensiva.
Los referentes de la construcción consultados manifestaron su preocupación por la situación general del sector. Hay que tener en cuenta que el aporte nacional a la obra pública era importante más allá de los ritmos, lentitud y otras complicaciones. Al no contar con esa opción, la obra privada tampoco pasa por un buen momento debido a cierta crisis de costos que deja afuera a proyectos destinados a clase media.
La promesa de los créditos hipotecarios todavía no moviliza al sector y las inversiones no terminan de llegar. En este marco, los empresarios destacaron que el IPV ha comenzado a licitar mayor cantidad de casas o soluciones habitacionales de 36 metros cuadrados. “El IPV viene con un ritmo más bajo que otros años”, observó Barbeito.
Tanto él como Sanchís valoraron que se hayan licitado algunas obras presupuestadas así como las que se harán con los fondos por el resarcimiento. “Se ve la falta de trabajo no solo en la cantidad de empresas que se presentan a las licitaciones sino en que algunos precios no coinciden con la realidad”, comentó el presidente de la CAC. Ambos referentes celebraron la posibilidad de la obra pública en Mendoza así como las obras previstas.
En medio de la urgencia del sector, sin embargo, muchas pymes se encuentran en una situación límite ya que pese a las intenciones del Gobierno, los tiempos se hacen largos. Es que en algunos casos es preciso realizar los proyectos, establecer los convenios y lanzar las licitaciones. Aunque son pasos propios de no todas las pymes pueden esperar a que se hagan, se liciten y se adjudiquen