La reglamentación del RIMI y el avance del RIGI son realidades aún a medio camino. Desafíos y oportunidades de incentivar las inversiones chicas y grandes.
Cuál ha sido el impacto del RIGI y qué desafíos y oportunidades plantea en RIMI
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Durante una charla esta semana en Mendoza, el economista Ricardo Arriazu, quien es escuchado por el presidente Javier Milei, puso en valor el desarrollo de la minería, la energía y el petróleo. De hecho, en el contexto global de reconfiguración política, guerras y necesidades energéticas a futuro, destacó que el país se encuentra frente a una oportunidad histórica. En el sentido de que la Argentina es dueña de los minerales, los recursos y las materias primas que demandará el mundo.
En la misma disertación, Arriazu reconoció que las principales dificultades actuales están relacionadas con la transición debido a que mientras el foco se corre a los sectores que tienen estas posibilidades, se generan grandes bolsones de pobreza en las provincias industriales o agroindustriales. La llamada economía a dos velocidades es tanto el fuerte como la debilidad del actual modelo que no sabe cómo resolver el mientras tanto o la llegada del derrame de los rubros mencionados ni del crecimiento de las exportaciones.
En los primeros cinco meses del año, según un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, se registró un nivel de actividad promedio 1,8% superior al del mismo periodo de 2025. Sin embargo, al examinar la realidad de los principales sectores económicos, se observa una caída casi generalizada: durante mayo se verificó que 8 de las 10 actividades económicas principales bajaron. En orden de magnitud, los sectores que más redujeron su actividad fueron: agro, intermediación financiera, y transporte y comunicaciones.
Los sectores que experimentaron mejoras en mayo fueron electricidad, agua y gas y explotación de minas y canteras. El trabajo advirtió que la actividad económica volvió a mostrar señales de debilidad en mayo y que alterna desde hace meses entre avance y retroceso sin afianzarse en un sendero de crecimiento sostenido. Solo las exportaciones han ganado un protagonismo inédito en dos décadas.
En este contexto, el proceso de inversión iniciado en los últimos dos años -a partir de la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ha comenzado a reconfigurar el mapa productivo nacional. El programa ha sido impulsado principalmente por sectores como la energía, gracias al desarrollo no convencional en Vaca Muerta y la minería metalífera, con proyectos de litio, cobre y oro que lideran los montos de capital comprometidos. Según la última actualización del Ministerio de Economía de la Nación ya hay 41 proyectos aprobados con inversiones comprometidas por U$S 141.000 millones.
Por otro lado, la semana pasada el Gobierno de Mendoza promulgó la ley 9718 de Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley Nacional 27802. A través de la norma incorporó una serie de beneficios fiscales, financieros y administrativos para las empresas que desarrollen inversiones productivas en territorio mendocino. A los beneficios nacionales a cambio de inversiones, la provincia sumó diez años más para que quienes inviertan no deban afrontar nuevos impuestos o tasas.
El RIMI local también ofrecerá acceso preferente a programas provinciales de subsidio de tasas de interés y financiamiento, planes de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica. Entre otros beneficios, se les dará prioridad en parques industriales provinciales así como planes especiales de pago del impuesto a los Sellos. Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán presentar un certificado de cumplimiento fiscal emitido por la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Aunque el RIMI es celebrado por los empresarios pyme de Mendoza que, por otra parte, impulsaron parte de esta ley, la situación no parece sencilla en un contexto de actividad todavía estancada. Hay que tener en cuenta que, con el consumo en baja, la mayoría de las pequeñas empresas tienen deudas, no acceden al crédito o están complicadas con el pago de impuestos tanto provinciales como nacionales y municipales.
Más allá del incentivo a las inversiones superiores a los U$S 200 millones, en abril de este año se reglamentó a nivel nacional el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley N° 27.802 (Modernización Labora). Con un plazo de dos años, se trata de una herramienta diseñada para dinamizar el aparato productivo nacional y fortalecer la competitividad de las empresas en el país.
Según la información oficial, las inversiones que entran en el RIMI deben alcanzar un mínimo establecido por la norma: U$S 150 mil dólares para las micro empresas, U$S 600 mil para las pequeñas, U$S 3,5 millones para las medianas tramo 1 y U$S 9 millones para las medianas tramo 2. Según quedó plasmado en la reglamentación, estos montos deberán computarse netos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las empresas tendrán hasta dos años para concretar estas inversiones y a partir de allí contarán con un régimen de amortización acelerada de dos años en el impuesto a las Ganancias para los bienes incluidos en el régimen. La reciente adhesión de Mendoza con la ampliación de tiempo y de algunos beneficios específicos es celebrada por los sectores empresariales. Sin embargo, en un contexto en que no hay crédito para las pymes y tanto el consumo como la actividad están casi por el piso, las perspectivas son poco entusiastas.
Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), expresó que el RIMI es un instrumento importante para incentivar las inversiones. Aclaró que en la actualidad –cuando el nivel de inversiones está muy por debajo de lo habitual- hay grandes dificultades para generar dichos montos al momento de invertir.
Por ejemplo, continuó Solís, si las mipymes deben invertir al menos 150.000 dólares -que sería el 20% de su máxima facturación- en el contexto actual esa cantidad está más cerca del 40% de lo que factura una mipyme. Desde su punto de vista, se hace muy complejo hoy no solo conseguir los fondos para invertir sino también hacer el esfuerzo en un marco de bajas expectativas de recupero de la inversión. Así, aunque es una herramienta más, lo cierto es que las empresas chicas están complicadas para acceder a los beneficios reglamentados.
En una línea similar, el economista de la UNCuyo, Raúl Mercau, comentó que la existencia del RIMI es mejor que si no estuviera ya que los sectores más afectados hoy –industria, agro, construcción y comercio- son los mayores generadores de empleo. En un contexto de caída del consumo –en especial de bienes masivos de supermercado y del comercio minorista incluido autos- no es fácil pensar en inversiones. “Tal vez la construcción podría verse beneficiada en el mediano plazo, pero los otros sectores no se ven tan claro”, observó Mercau.
Con relación al RIGI, el economista de la UNCuyo explicó que la teoría económica y la evidencia muestran que un país no puede crecer a largo plazo si no invierte. En términos macro, en Argentina, el porcentaje de dicha inversión debería ser al menos un 16% del PBI. Por este motivo, todo incentivo a la inversión tiene efectos de largo plazo en el crecimiento. El tema es que el RIGI no se adapta a todos los tipos de empresa o rubros sino solo a algunos. “Hay quienes dicen que los beneficios son excesivos porque dado el boom de Vaca Muerta las inversiones se hubieran hecho de todos modos”, comentó Mercau.
En palabras del economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz, el proceso del RIGI ha comenzado a remodernizar y reconvertir los perfiles productivos locales. En este marco surge la pregunta de si es posible (y de qué manera) si otros sectores más tradicionales se pueden sumar al auge de inversiones y exportaciones, estructurándose alrededor de las actividades que motorizan.
Uno de los sectores importantes hoy es el desarrollo de la minería debido a que la tecnología demanda cada vez más cobre y litio. La dificultad de esto es que se trata de proyectos de muy largo plazo que, por otra parte, tienen un fuerte impacto en la primera etapa y uno menor a lo largo de la explotación. “El desafío es ver cómo las economías provinciales pueden armarse para generar valor agregado y que haya retribución al factor trabajo y no solo al capital”, reflexionó Mercau. Sumó que la mayor parte del valor agregado no queda en el lugar sino que se transfiere al exterior vía remesas de utilidades más allá de que esto sea necesario para estos sectores.
Desde el Ieral destacaron que las oportunidades en el área de proveedores con mayor probabilidad de concretarse son las que exigen capacidades que la región ya posee. Con relación a Cuyo, mencionó la tradición metalmecánica ligada a la industria petrolera y vitivinícola, tiene ventajas concretas para especializarse en montaje electromecánico, reactivos químicos e instrumentos de medición de precisión. En este contexto, Fabián Solís, presidente de Asinmet, destacó que la cadena de proveedores de la provincia cuenta con un ecosistema de excelencia.
Esto, debido a que las empresas tienen experiencia en trabajar para el petróleo. “Estamos preparados para abordar todos los desafíos: desde metalmecánica pesada hasta recipientes y cablería”, subrayó Solís. Agregó que el sector también está preparado para servicios en superficie, ingeniería de automatización e instrumentación así como todo lo relacionado con el control de calidad y ensayo. “Nos encontramos muy avanzados con relación a otras provincias”, precisó el referente de Asinmet.
La otra oportunidad que señaló el trabajo del Ieral está relacionada con los servicios basados en conocimiento, un área donde Argentina cuenta con una ventaja comparativa debido al capital humano calificado y que es una industria con trayectoria exportadora propia. Monitoreo hídrico continuo, geología aplicada, genética forestal, servicios de remediación ambiental y tratamiento de efluentes son algunas de las actividades que puede demandar la minería a esta industria.
Rodolfo Giro, referente local del sector tecnológico y miembro del Polo TIC -un clúster de empresas que funciona en el Parque Tecnológico que administra el IDITS- comentó que en lo particular está a favor de la minería y del RIGI dado que son procesos de inversión de muy largo plazo. Con relación al sector del conocimiento expresó que es cierto que prácticamente nació como exportador, lo que lo lleva a tener una gimnasia global desarrollada en ese sentido. “Tenemos talento y capacidades, pero nos faltaría un proceso de vinculación porque son empresas muy grandes que ya tienen sus desarrollos propios”, advirtió Giro.
Lo que unifica a ambos frentes —bienes de capital y servicios de conocimiento— es que ninguno depende de protección arancelaria ni de compre-local forzado para consolidarse. Al contrario, su viabilidad de largo plazo está atada a que puedan competir con calidad y escala contra proveedores extranjeros. El trabajo del Ieral también mencionó otros sectores que pueden verse beneficiados por el RIGI como la industria petroquímica, la de fertilizantes, prolipropileno o plásticos y otras de base biológica y renovable.
El economista Raúl Mercau expresó que las grandes inversiones suelen entrar un poco en conflicto con la idea de la equidad o la retribución entre los factores productivos ya que no son fuertes en creación de puestos de trabajo. Si bien puede haber un derrame importante en las etapas de construcción para campamentos, alimentos e insumos complementarios la gran pregunta es si derrama a toda la sociedad o no. “En lo personal creo que este tipo de inversiones son buenas para el país, pero no sé en cuánto tiempo pueden derramar sobre las economías regionales en general”, reflexionó Rodolfo Giro.
En esta línea, desde el Ieral plantearon la pregunta de qué políticas públicas pueden facilitar los procesos de derrame o llegada a más sectores de las grandes inversiones. Para ellos, el desafío no pasa por subsidiar la instalación de estas plantas sino por remover las barreras que hoy encarecen artificialmente el arbitraje geográfico que estos sectores ya tienen a su favor.
“El crecimiento de estas actividades responde a incentivos de costos objetivos y tendencias de mercados más a que a una intervención directa del Estado”, señalaron desde la Mediterránea y mencionaron, entre otros puntos, los altos costos impositivos, la baja infraestructura y el exceso regulaciones o superposiciones burocráticas
En la actualidad, Añelo –el distrito lindante con Vaca Muerta en Neuquén- no es el mejor ejemplo de desarrollo ya que allí se observa una gran explosión demográfica, desordenada y con las dificultades en servicios básicos, de salud y educación que esto conlleva. “Las políticas deben ir acompañadas con algún tipo de presencia e intervención estatal que fuerce el derrame debido a que no se produce automáticamente y requiere de políticas públicas específicas”, observó Mercau.
Por su ideología, el Gobierno nacional no es partidario de este tipo de inversiones o intervenciones que, para el economista, pueden resolverse recurriendo a la responsabilidad empresaria así como a la participación de los distintos niveles de gobierno. “Es bueno promover la inversión pero hay que pensar en los beneficios, los costos y las herramientas de compensación”, comentó el profesional.
Desde el punto de vista de Rodolfo Giro, quien se define optimista con relación a este tipo de inversiones, los movimientos del mercado deben ser apoyados o apalancados por distintos actores como la academia y el sector público. Con relación a la economía del conocimiento, opinó que sería interesante que se pueda impulsar la existencia de un socio local para quienes vengan a invertir.
“En Chile eso se hace muy bien y es bastante difícil llegar desde afuera con una empresa sin una pata local”, comentó Giro. Se trata de una forma de empujar a que haya participación de las pymes del país y de la región para que puedan intervenir en los desarrollos de proyectos altamente calificados y tecnificados. “Creo que hay que elaborar instrumentos de vinculación para impulsar estos socios locales y tratar de que el crecimiento quede en la región y no venga como un producto cerrado que no genere valor agregado ni conocimiento local”, advirtió Giro.
