Un informe de la Universidad de San Andrés mostró que la economía se contrajo en el segundo trimestre de este año. El tiempo para el derrame parece acortarse.
“Hay una sensación que prevalece desde que comenzó el año y es que no pasa mucho… nada mejora, pero la economía tampoco empeora drásticamente”, reflexionó un empresario pyme durante una conversación casual. Sin embargo, durante este lapso los números de informalidad laboral, desempleo, consumo, industria y construcción han ido a la baja a la baja al igual que la inflación. El cierre de algunas empresas con muchos años de existencia marcan el cambio de época.
Con un salario que aún corre por detrás de los precios, una morosidad en niveles altos y la heterogeneidad conocida entre sectores y provincias mineras, petroleras y agrarias, todavía hay dudas sobre las mejoras de la actividad. La macro ordenada y el derrame que se espera de los rubros que crecen –muchos impulsados vía RIGI- aún no llegan y –en palabras de un empresario que apoya el modelo- la transición no es sencilla y el desafío es llegar con los menores costos posibles para la mayoría.
Más allá de las sensaciones, la economía argentina habría ingresado en una etapa contractiva durante el segundo trimestre de 2026. Así lo publicó el último informe de indicadores de coyuntura de la Universidad de San Andrés (UdeSA). El trabajo estimó una caída de 0,78% del PBI trimestral desestacionalizado entre abril y junio y remarcó que el mercado esperaba una disminución menor.
El dato marca un cambio respecto del comportamiento observado al comienzo del año. Durante el primer trimestre de 2026, la actividad había registrado un crecimiento de 0,75%, de acuerdo con el último dato publicado por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec). El retroceso de 0,78% implica que la mejora registrada durante los tres primeros meses del año habría quedado prácticamente neutralizado en términos trimestrales.
La economía, de esta manera, vuelve a mostrar dificultades para consolidar una trayectoria sostenida de expansión. En este marco, la contracción estimada sobre el segundo trimestre no solo revierte ese avance sino que además resulta más pronunciada que la esperada por los analistas relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En este marco, la caída calculada por UdeSA constituye –en palabras vertidas en el informe- una señal de alerta sobre la capacidad de la economía para sostener el crecimiento después del repunte registrado a comienzos de año. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaba una baja de apenas 0,36% para el segundo trimestre.
La estimación de la Universidad de San Andrés duplica así la magnitud de la contracción prevista por el mercado. El informe (Nowcast) la institución se construye a partir de distintos indicadores de actividad y los datos que más modificaron la estimación durante el último mes fueron los correspondientes al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la producción industrial (IPI) y el empleo relevado por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).
“El comportamiento de estos indicadores resulta central para explicar el cambio en la lectura sobre la marcha de la economía”, se explicó en el trabajo realizado. El escenario muestra que el impulso registrado en los primeros meses del año no habría logrado sostenerse durante el segundo trimestre, lo que dio lugar a una nueva contracción de la actividad. “La magnitud de la caída estimada adquiere relevancia porque se produce después de un primer trimestre positivo”, se advirtió.
En esta línea, el economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, advirtió que la actividad económica desagregada se ha contraído bastante más de lo esperado. “Es cierto que hay tres sectores que crecen a buen ritmo y pueden traccionar un poco el Estimador de Actividad, pero lamentablemente el resto ha ido a la baja”, precisó Vargas. De este modo, el impulso del agro, la minería y el petróleo no parece compensar el retraso del resto de las áreas que, además, son preponderantes en todo el territorio nacional.
Sin embargo, desde la mirada del economista de International Valeu Group, Daniel Garro, el PBI subestima el crecimiento porque omite etapas intermedias y tempranas al tiempo que incluye el gasto público como creador de valor que es el modo en que suele computarse. “La economía argentina está mejor de lo que refleja el PBI y seguirá en alza, especialmente por las inversiones del RIGI”, señaló Garro. El profesional admitió que si bien a la economía le falta mucho todavía, está mucho mejor de lo que muestra el PBI más allá de que concedió que es una medida habitual de medición.
A este escenario se suma el incremento de la incertidumbre en torno de la política económica. El informe de UdeSA subrayó que después de un julio “tranquilo”, la incertidumbre aumentó casi 50% en agosto. El dato surgió que a través del índice EPU Argentina, que cuantifica la presencia de artículos de prensa vinculados con economía, política e incertidumbre.
En este marco, el indicador registró un incremento de 47,2% respecto de julio y volvió a superar su nivel habitual. Sin embargo, la Universidad de San Andrés aclaró que el nivel actual se encuentra todavía lejos de los máximos alcanzados durante episodios de fuerte tensión, como la crisis de las PASO de 2019, la pandemia o el balotaje de 2023.
La mayor fluctuación no se limita, sin embargo, al escenario doméstico debido a que también se analiza el contexto global en el que está inserta la economía argentina. El informe advirtió acerca del denominado “ruido” proveniente del exterior, asociado principalmente con aranceles y tensiones comerciales globales, continúa por encima de los niveles considerados normales para lo que va de 2026.
De hecho, esta semana el Gobierno de Estados Unidos anunció que aumentará la recompra de bonos soberanos, lo que generó un impacto positivo en los mercados internacionales. Sin embargo, Argentina quedó al margen de esa respuesta al tiempo que tuvo un incremento del Riesgo País que venía a la baja. En tanto, el conflicto en el estrecho de Ormuz es uno de los que más se miran por el impacto en el precio del petróleo, el combustible y la inflación luego del antecedente de marzo cuando los precios treparon 3,6%.
Más allá de esto y pese a estar recién en la mitad del año, tanto desde el Gobierno como desde los sectores empresarios han comenzado a mirar el 2027, cuando hay elecciones presidenciales que suelen impactar en la tranquilidad cambiaria y financiera. En este contexto, José Vargas expresó que ni en el mediano ni en corto plazo se visualiza una mejora importante. “Es probable que haya una profundización de la caída debido al contexto que se ve desde hace al menos dos años”, comentó el economista.
Agregó que hacia fin de año, frente a las perspectivas eleccionarias habrá que ver cómo se reacomoda el Gobierno y cómo empieza a jugar por ese lado la oposición. “Esa incertidumbre y esa expectativa va a tener incidencia directa en la actividad económica, por lo menos durante los primeros meses del año que viene”, comentó Vargas.
Para Daniel Garro, por otra parte, el año que viene la economía podría estar en mejores condiciones debido a que ya estarán en marcha buena parte de los proyectos aprobados en el RIGI. “Buena parte de estos van a entrar de lleno en la economía recién en 2027”, afirmó el profesional quien recordó que el Régimen incentiva a plasmar las inversiones en los próximos dos años.
Más allá de esto, para el economista el año próximo distará de estar en una recuperación completa. Su argumento fue que la economía podría mostrar un crecimiento superior al informado por el PBI, pero seguiría enfrentando dificultades importantes. “El año que viene va a estar mejor y aunque le va a faltar mucho la economía, va a repuntar bastante”, concluyó Garro.
Detrás de la discusión sobre el comportamiento agregado del PBI y una economía que no se distribuye de manera homogénea entre los distintos sectores y regiones del país hay realidades regionales. Mientras algunos segmentos de la economía muestran señales de crecimiento, las actividades intensivas en trabajo, entre ellas las economías regionales, la industria y el comercio, enfrentan dificultades para recuperar rentabilidad y competitividad.
En el medio, la morosidad existente ha puesto en jaque al consumo al punto de que desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtieron sobre el impacto que el creciente endeudamiento de las familias posee en las ventas y recordó auq había anticipado este escenario un año atrás.
Los niveles récord de ala morosidad en las familias es un problema que debe analizarse no solo desde el punto de vista financiero: “cuando una familia debe destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago de cuotas, intereses y cargos, pierde capacidad de compra para alimentos y todos los demás bienes de primera necesidad”, subrayaron desde la Cámara. En este marco, solicitaron medidas para solucionar esta situación.
Beatriz Tourn, secretaria general de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) expresó la preocupación ante el Senado de la Nación ante la situación que atraviesan las economías regionales. Con un PBI en contracción, se planteó las dificultades de competitividad que poseen las provincias que quedan fuera de la energía, la minería y el agro.
El planteo de la CAME mencionó que las pymes no pueden sostener los niveles de producción dada una estructura de costos que no les permite mantener rentabilidad. Las economías regionales tienen una característica que las diferencia de otros sectores: son actividades con una fuerte intensidad de trabajo y una profunda vinculación con las comunidades donde se desarrollan. Generan empleo, valor agregado, divisas y arraigo territorial.
Por eso, cuando pierden competitividad, el impacto no se limita a las empresas o productores involucrados, sino que se extiende sobre las economías locales. La situación de Mendoza y la vitivinicultura estuvo representada en el encuentro como una de las actividades centrales que acumula 41 meses en zona roja. Frente a este escenario, CAME reclamó una reducción de costos, mejores condiciones de financiamiento, apertura de mercados y políticas orientadas a fortalecer la competitividad de las producciones regionales.
El planteo permite vincular el diagnóstico sectorial con el comportamiento de la economía general. “Si una actividad relevante para una provincia permanece durante años en una situación desfavorable, el impacto se transmite a proveedores, trabajadores, comercios y otros actores que dependen de esa cadena”, plantearon desde la CAME.
El diagnóstico también plantea una diferencia entre crecimiento y desarrollo. Una economía puede registrar una mejora estadística en determinados períodos sin que ese crecimiento alcance de manera uniforme a las actividades productivas, las pymes y las regiones. Para CAME, el desarrollo nacional requiere que las distintas cadenas puedan sostener su producción y generar empleo en sus territorios.
La advertencia de los productores y empresarios del interior fue clara: sin rentabilidad, previsibilidad y competitividad, resulta difícil sostener la inversión y ampliar la producción. Y sin una recuperación de esas condiciones, la economía puede volver a crecer en términos agregados sin conseguir todavía una recuperación plena y homogénea en todo el territorio.
En este sentido, las diferencias territoriales también aparecen reflejadas en el relevamiento de precios de supermercados realizado por UdeSA. El informe de agosto muestra una brecha significativa entre regiones: en julio, la Patagonia registró precios 5,7% superiores al promedio nacional, mientras que el NOA se ubicó 2,7% por debajo. La diferencia entre ambos extremos alcanzó así 8,4 puntos porcentuales.
La particularidad de la Patagonia es todavía más marcada cuando se observa el tipo de producto. Según UdeSA, algunos bienes que deben llegar por transporte terrestre, como frutas, lácteos y productos de limpieza, pueden costar hasta 21% más, mientras que el pescado proveniente del propio mar puede ser hasta 27% más barato.
El dato resulta relevante para comprender el impacto de la logística sobre las economías regionales. Las distancias, el costo del transporte y las condiciones de infraestructura pueden modificar sustancialmente el precio final de los productos y, al mismo tiempo, afectar la competitividad de las empresas que producen en cada territorio.
La dispersión regional promedio de precios alcanzó 12% para nueve categorías durante julio. Frutas y verduras fueron los productos con mayor dispersión, con 7,7%, mientras que las bebidas registraron la menor, con 3,5%. La diferencia entre regiones se convierte así en una variable económica de peso. Las empresas no parten de las mismas condiciones para producir y vender, y los consumidores tampoco enfrentan los mismos precios según el lugar donde viven.
