La discusión por los glaciares suma el apoyo de CAMEM, que pidió reglas más precisas para proteger el recurso y dar previsibilidad.
Glaciar cubierto con glaciar de escombros (M. Castro)
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La discusión en el Congreso Nacional por la adecuación de la Ley de glaciares sumó el respaldo de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CAMEM), que apoyó el tratamiento del proyecto y una eventual aprobación que permita dotar de mayor precisión y eficacia a la norma vigente, sin resignar la tutela ambiental ni el desarrollo productivo.
A través de un comunicado, la entidad empresaria sostuvo que la actual Ley 26.639 “abunda en imprecisiones y vacíos conceptuales” que terminan conspirando contra su objetivo central: la protección efectiva de los glaciares como reservas estratégicas de agua. En ese marco, si bien CaMEM afirmó compartir el “espíritu de tutela y regulación” de la ley, advirtió que su aplicación práctica ha demostrado ser ineficaz.
“La norma ha devenido en una ley ineficaz dada la ausencia de claridad conceptual, en especial al momento de definir figuras clave como los glaciares de escombros y el ambiente periglacial”, señalaron desde la Cámara. Según explicaron, estas indefiniciones afectan la seguridad jurídica que requieren las inversiones en las provincias del oeste argentino y generan un efecto paradójico: dificultan la protección concreta de los propios glaciares.
Desde CaMEM remarcaron el encuadre constitucional del debate y recordaron que los recursos naturales, incluidos los glaciares, pertenecen a las provincias conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional. Por ese motivo, plantearon que la Nación debe fijar presupuestos mínimos ambientales que funcionen como un piso normativo, sobre el cual cada provincia pueda complementar, agravar o adecuar su regulación.
En ese punto, la Cámara fue crítica del enfoque de la ley original. Según el comunicado, la normativa vigente estableció prohibiciones y restricciones máximas, “definitivas e imposibles de complementar por las provincias”, lo que implicó —a su entender— un desconocimiento de las facultades constitucionales de los Estados provinciales. “Los presupuestos mínimos deben ser un umbral, no un techo”, enfatizaron.
Lejos de plantear un retroceso ambiental, la entidad aseguró que la adecuación de la Ley de Glaciares apunta justamente a fortalecer la protección. “Precisar y delimitar los alcances de la norma tornará más eficaz la tutela ambiental y el bien que se pretende proteger”, afirmaron. En esa línea, señalaron que una regulación más clara permitirá evitar conflictos judiciales, brindar certidumbre y ordenar el mosaico normativo.
Finalmente, CaMEM vinculó el debate ambiental con el desarrollo productivo y el empleo. “Una normativa clara y armónica permitirá compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo de actividades productivas, tal como lo establece el artículo 41 de nuestra Carta Magna”, indicaron. Y concluyeron que ese equilibrio resulta clave para generar empleo y oportunidades, especialmente en las provincias del oeste argentino y, en particular, en Mendoza.
