Las repercusiones por los anuncios de Sergio Massa no tardaron en llegar. Así los empresarios nucleados la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aseguraron que “el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias”, en clara referencia a las sumas fijas que se han impuesto al sector privado.
“Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, sostuvieron en un comunicado.
Desde CAME sostienen que cada sector de la economía y cada empresa en particular “atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto. En particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”.
Para los empresarios a injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente.
En el ámbito local, Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), comentó sobre el reciente anuncio del bono de $60,000, que será desembolsado en dos tramos, que están a la espera de conocer los detalles específicos para entender cómo se llevará a cabo su implementación. La interferencia gubernamental en los acuerdos salariales entre sindicatos y cámaras empresariales se observa como un punto de preocupación en este contexto.
La aplicación del bono se perfila como un desafío en ciertos sectores, como el agrícola, “donde su ejecución podría resultar más complicada. Por otro lado, en industrias como el turismo, el impacto positivo del turismo extranjero parece situarlas en mejores condiciones para afrontar este pago adicional”. No obstante, Laugero enfatizó que muchos detalles se aclararán una vez se conozca la letra chica.
El empresario también marcó que si bien este anuncio ha generado incertidumbre en distintos sectores. La reciente devaluación y sus repercusiones agregan una capa adicional de complejidad a la situación. Mientras que, destacó como aspecto positivo la eliminación de ciertas intervenciones en la economía regional, que podría fomentar la competitividad de los productos a largo plazo. Además, mencionó que se han iniciado alternativas de financiamiento que podrían proporcionar alivio en el corto plazo.
Por su parte, Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendioza (UIM) explicó que desde una perspectiva operativa, “la implementación del bono plantea dificultades significativas”. Porque crea confusión en la liquidación salarial mensual. Además, la idea de un bono retroactivo agrega complejidad al proceso de liquidación. “Los profesionales encargados de calcular sueldos se veran forzados a posponer sus labores para esperar normativas claras”.
El análisis se adentra en la esfera política, señalando que el anuncio de pagos en septiembre y octubre sugiere oportunismo político. Con elecciones en el horizonte, se levanta la sospecha de que estas fechas están calculadas para influir en el voto, una táctica que el empresario califica de rancia y humillante hacia los ciudadanos.
En su análisis también escruta los costos económicos y financieros del bono. “Si bien se afirma que no representará un gasto adicional para el empleador, ya que se descuenta de futuras paritarias, se resalta el impacto financiero al anticipar gastos por cuenta de compromisos futuros”, puntualizó.