Mercado Pago fue denunciado judicialmente por el presunto cobro de intereses abusivos, con tasas que, según las mediciones realizadas por una asociación de consumidores, superarían el 1300% anual.
Una asociación de consumidores inició una acción judicial contra la plataforma de pagos. El planteo busca revisar los intereses cobrados durante los últimos tres años y reclamar la devolución de sumas que hubieran sido percibidas de manera indebida. Un eventual fallo favorable podría alcanzar a unos 7 millones de personas.
Mercado Pago fue denunciado judicialmente por el presunto cobro de intereses abusivos, con tasas que, según las mediciones realizadas por una asociación de consumidores, superarían el 1300% anual.
La presentación fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y tramita ante el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
Según sostiene la entidad, los costos financieros aplicados por la plataforma alcanzarían niveles que considera desproporcionados. Por ese motivo, la organización busca que la Justicia analice los montos cobrados durante los últimos tres años y determine si existieron sumas percibidas de manera indebida.
En caso de que los tribunales hagan lugar al planteo, ACFRA pretende que se ordene la devolución de los importes correspondientes a los usuarios afectados.
Espasandín explicó el alcance de la presentación durante una entrevista en el streaming Contra Ataque. Allí sostuvo que numerosos usuarios recurrieron al financiamiento ofrecido por la plataforma para afrontar situaciones económicas puntuales y que, según su planteo, terminaron pagando costos financieros considerados excesivos.
La estrategia judicial de ACFRA tiene además una dimensión colectiva. Si bien el expediente se originó a partir de dos presentaciones individuales, la asociación busca que una eventual resolución favorable pueda extender sus efectos a todos aquellos usuarios que se encuentren en una situación similar.
De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el universo potencial de beneficiarios podría llegar a unos 7 millones de personas en la Argentina.
Por ahora, se trata de un planteo judicial que deberá ser analizado por la Justicia, que deberá determinar si las tasas cuestionadas resultan abusivas y, eventualmente, qué alcance tendría una decisión favorable para los consumidores.