El Gobierno hizo su descargo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Si el fallo es adverso, asegura que irá a la Corte Suprema de EE.UU.
Argentina presentó los argumentos para evitar la entrega del 51% de acciones de YPF: qué falta ahora
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NA El Gobierno argentino presentó este martes ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York su descargo para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en el marco del fallo dictado en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska.
El objetivo central es suspender de forma definitiva esa resolución judicial, que obliga al país a pagar una indemnización superior a los USD 16.000 millones más intereses, por la estatización de la petrolera en 2012.
Según confirmaron desde la Procuración del Tesoro, la presentación se realizó pasada la medianoche e incluyó los argumentos contra el dictamen en los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge. Entre ellos, se destaca la advertencia de que si la Cámara no concede la suspensión, el Gobierno acudirá de forma urgente a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“La República Argentina concluye su descargo diciendo que si la Corte de Apelaciones no otorga la suspensión del fallo de la Juez Loretta Preska, acudirá de manera urgente a la Corte Suprema de los EE.UU. para resolver este reclamo administrativo”, publicó en su cuenta de X el consultor Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales y quien sigue el caso por YPF.
El argumento principal de la defensa argentina es que ejecutar el fallo vulnera la inmunidad soberana: las acciones de YPF están radicadas en Argentina, no se usan con fines comerciales en EE.UU. y están protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas de ese país.
Además, advierten que la entrega forzosa violaría principios de cortesía internacional al exigir al Estado que contravenga su propia legislación interna, que impide la venta de las acciones sin el aval de dos tercios del Congreso Nacional.
“El interés público se ve claramente favorecido por la suspensión de la medida”, afirma el comunicado de la Procuración del Tesoro, y advierte que ejecutar la orden afectaría a terceros -YPF, sus accionistas y el pueblo argentino-, comprometería las relaciones bilaterales con EE.UU. y podría abrir la puerta a represalias judiciales contra ese país.
En ese sentido, el Gobierno argentino sumó un respaldo inusual: el Departamento de Justicia estadounidense presentó la semana pasada un amicus curiae ante la Cámara de Nueva York, alertando sobre el riesgo diplomático que implicaría ejecutar la sentencia.
En respuesta, Burford Capital acusó al gobierno de Donald Trump de haber apoyado a la Argentina en el pasado y sostuvo que la posición expresada no representa a la administración estadounidense actual, sino a funcionarios de menor rango.
Ahora, se abre un escenario con tres posibilidades, según explicó Maril: que la Corte permita apelar sin entregar las acciones pero exija una garantía alternativa; que rechace el pedido de suspensión y obligue a entregar las acciones; o que suspenda el fallo de Preska y habilite la apelación sin condiciones. En todos los casos, se espera que los jueces aceleren los tiempos para una definición.
La defensa argentina también remarcó que la pérdida de control sobre YPF tendría un “daño irreparable” para el país y que los demandantes no demostraron un perjuicio si la entrega de acciones se pospone.