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El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba entreabre una puerta para la discusión de los multimillonarios pedidos de compensaciones por ambas partes, por propiedades expropiadas en Cuba o daños provocados por el embargo estadounidense.
El levantamiento del embargo será una tarea exclusiva del Congreso estadounidense y seguramente precisará un enorme esfuerzo por parte de la Casa Blanca, pero resolver los reclamos y compensaciones de lado a lado exigirá un acuerdo bilateral, entre dos interlocutores con una larga historia de desencuentros en cuestiones básicas.
Esta disputa reconoce su origen en la masiva nacionalización de empresas (extranjeras y cubanas) llevada a cabo por el entonces flamante gobierno de Fidel Castro ya a partir de 1960, empezando por grandes firmas estadounidenses y que en pocos años alcanzó propiedades particulares de emigrados.
Incontables cubanos aún recuerdan el histórico discurso de Fidel Castro el 6 de agosto de 1960 en el que enumeraba las empresas confiscadas -compañías de electricidad, firmas petroleras, centrales azucareras-, mientras la multitud coreaba “¡Se llamaba!” ante la mención de cada empresa extranjera pasada al control del estado.
Se trataba de la Ley 851 de 1960, que determinaba el poder del Estado de realizar la “expropiación forzosa” de propiedades y bienes en función de la “defensa del interés nacional”. En uno de sus artículos, la ley establecía un plazo de 30 años para el pago por esas propiedades mediante la emisión de bonos de la república, posibilidad que Estados Unidos rechazó de inmediato.
Con la salida de emigrantes hacia Estados Unidos, más tarde Cuba llevó adelante la llamada “reforma urbana”, en que confiscó casas y edificios de apartamentos abandonados.
En 1965, Estados Unidos abrió una primera lista de reclamos por compensaciones en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un órgano dependientes del Departamento del Tesoro. Ese expediente se mantuvo abierto hasta 1972.
En la actualidad existen 5.911 reclamos registrados ante la OFAC por parte de empresas o ciudadanos estadounidenses y cubanos, por propiedades expropiadas en Cuba, concesiones o bienes perdidos, en un paquete que según los propios interesados suma entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.
