Sería valioso discutir y aprobar una reforma de nuestra Constitución provincial que permita la actualización y modernización de la misma, pero la base debe ser dejando de lado la reelección inmediata del Ejecutivo provincial. No se trata sólo de respetar una norma, sino de sostener una cultura política que prioriza las instituciones por sobre los nombres propios.
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En 1983, al igual que a nivel nacional, ninguna provincia argentina permitía en su constitución la reelección del Poder Ejecutivo. Veinte años después quedaban sólo cinco que la prohibían: Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Corrientes. Hoy, cuatro décadas más tarde y con la reforma de la constitución de Santa Fe a la vista, Mendoza pasará a ser la única provincia sin reelección. Esto, lejos de ser una debilidad, es una virtud y uno de los pilares de nuestra fortaleza institucional.
Todas las provincias argentinas han reformado sus constituciones para permitir la reelección del gobernador y habilitar la continuidad en el poder -y perpetuidad en algunos casos- del ejecutivo provincial. Algunas optaron por una reelección inmediata, otras por la indefinida. Incluso Santa Fe, una de las pocas excepciones que existía junto a Mendoza, avanza en estos días hacia una reforma para permitirla.
La experiencia de fortalecimiento y continuidad de los ejecutivos provinciales generó en varios estados provinciales, la perpetuidad de las personas en el poder anulando la alternancia y la renovación, incluso en lugares donde no se permitía más de una reelección se buscó la continuidad a través de un familiar cercano. ¿Sirvió a la ciudadanía, funcionó, fue mejor para la sociedad?; en general las consecuencias visibles fueron una mayor degradación institucional, abuso de poder y distorsión de los controles cruzados propios del sistema republicano. Por eso, y más allá de cada caso particular, la realidad es que la alternancia es una de las fortalezas de la institucionalidad democrática y Mendoza ha sido un buen ejemplo de esto.
La Constitución de Mendoza redactada en 1854 y reformada en 1916 es clara al establecer límites al poder ejecutivo: el artículo 115 de nuestra Carta Magna prohíbe expresamente la reelección inmediata del gobernador y vicegobernador. Esta norma no es un obstáculo, es un pilar que refleja una concepción republicana que entiende que el poder debe ser ejercido con responsabilidad y con fecha de vencimiento, para evitar su concentración y fomentar la alternancia.
Mendoza tiene fortaleza institucional y es un intangible a cuidar siempre, surgida de las propias reglas de juego establecidas en nuestra Constitución, siendo la no reelección del gobernador la clave para establecer límites a la concentración de poder y promover políticas de largo plazo que excedan largamente a una gestión de gobierno. Esto es fundamental: tener mandatos cortos para contar con políticas de largo plazo.
La prohibición de la reelección genera la necesidad de acuerdos entre los diferentes sectores para establecer políticas de estado que trasciendan gestiones, y obliga a los gobiernos a enfocarse en gestionar con eficiencia y no en construir poder para perpetuarse. Además, promueve la renovación de ideas, liderazgos y equipos. Es una vacuna institucional contra el personalismo y una garantía para la ciudadanía de que ningún dirigente se sentirá dueño del poder, ni buscará eternizarse en él.
Este no es para nada un limitante para discutir una reforma de nuestra Constitución que permita la actualización y modernización de la misma, pero la base debe ser dejando de lado la reelección inmediata del Ejecutivo provincial. Mendoza no debe ceder a la tentación de seguir el camino del resto de las provincias argentinas, por el contrario, ahora más que nunca debemos ser el ejemplo vivo de la limitación del poder ejecutivo, para que cuando gire la historia y vuelvan los vientos de control constitucional y límites sobre los gobernadores, seamos guía y ejemplo por mantener límites institucionales necesarios.
No se trata sólo de respetar una norma, sino de sostener una cultura política que prioriza las instituciones por sobre los nombres propios. En un país donde muchas veces se modifican las reglas de juego según las conveniencias del momento, Mendoza tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de seguir siendo un faro de institucionalidad. Ser diferentes en este aspecto no es una debilidad: es una fortaleza que honra nuestras raíces y proyecta un modelo de república al futuro.
* El autor es diputado nacional. Fue gobernador de Mendoza y vicepresidente de la Nación
