¿No podríamos los egresados de la educación universitaria asumir un rol aún más protagónico, trascendiendo nuestra posición de beneficiarios del pasado para convertirnos en actores activos y comprometidos en la planificación y el sostenimiento del futuro de nuestra alma mater?
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Una vez más, la cuestión del financiamiento de la educación pública y el rol indelegable del Estado vuelve al centro del debate (¿alguna vez se fue?). Pareciera ser un ciclo recurrente, donde las prioridades de ajuste a menudo recaen sobre pilares fundamentales de nuestra sociedad, como la educación, la salud, la inversión social que sostiene a los más vulnerables.
En un escenario global y local marcado por la redefinición de prioridades de inversión y una constante revisión de la gestión y asignación de recursos estatales –especialmente en un entorno de crecientes restricciones fiscales y una intensa reconsideración del gasto público– esta discusión adquiere una urgencia particular. A esto se suma el impacto de administraciones que, en el manejo de fondos públicos, han mostrado deficiencias, por poner un adjetivo amigable, conduciendo a un palpable deterioro en el funcionamiento, la infraestructura y la capacidad operativa del Estado.
Ante este panorama, la pregunta que emerge con fuerza es cómo podemos asegurar una administración pública más transparente y eficiente que priorice de manera efectiva la inversión en áreas neurálgicas como la educación superior, demostrando fehacientemente su retorno social y económico en el largo plazo.
Es innegable que quienes hemos transitado las aulas universitarias reconocemos profundamente el valor trascendental de la formación recibida y su impacto directo en la construcción de nuestras trayectorias intelectuales y profesionales. La provisión de recursos, que va mucho más allá de lo puramente académico para incluir lazos sociales y redes de contacto, ha sido un factor determinante para una inserción más sólida y exitosa en el ámbito laboral y social.
Históricamente, he defendido de manera irrestricta los principios de una educación libre, laica, gratuita, equitativa y de calidad, pilares fundamentales que emanan de la Reforma Universitaria de 1918 y que constituyen la base para la construcción de una sociedad justa y democrática en un mundo asediado por persistentes desigualdades económicas y sociales. Sin embargo, la realidad nos interpela constantemente.
La consolidación y el progreso continuo del sistema universitario público demandan una asignación estratégica de recursos dirigidos al fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, la modernización de una infraestructura que responda a las necesidades actuales y futuras, la actualización constante de los programas académicos para que estén en sintonía con las exigencias de un entorno socio-productivo en constante evolución y los desafíos que plantea la innovación global. Todo esto con el objetivo de mantener y potenciar su rol como motor esencial del desarrollo social y económico en un escenario de profunda transformación productiva. Pero hay discusión sobre si es acaso el Estado es el único garante posible para asegurar su pleno funcionamiento. Y el interrogante entonces habilita el hecho de explorar y desarrollar estrategias innovadoras que permitan ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento para optimizar la aplicación de los recursos disponibles.
En este complejo escenario de reconfiguración de prioridades y un intenso debate sobre el alcance y la función del sector público, ¿no podríamos los egresados de la educación universitaria asumir un rol aún más protagónico, trascendiendo nuestra posición de beneficiarios del pasado para convertirnos en actores activos y comprometidos en la planificación y el sostenimiento del futuro de nuestra alma mater?
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) posee una amplia red de egresados que alimentan un valioso ecosistema de apoyo mutuo con las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos potenciar aún más este capital humano, a través del desarrollo estructurado de programas de mentoría, la organización de ciclos de charlas especializadas y la creación de fondos específicamente destinados a proyectos estudiantiles que impulsen la innovación y el desarrollo en consonancia con las necesidades apremiantes del país y las tendencias que marcan el rumbo a nivel global?
Poseemos un capital intangible de enorme valor que podría y debería ser movilizado para fortalecer a la institución en un entorno económico cada vez más desafiante. Nuestra capacidad de realizar contribuciones específicas podría traducirse en un impacto tangible en áreas cruciales como el apoyo a programas de extensión y vinculación universitaria, demostrando de manera palpable el valor de la Universidad para el conjunto de la sociedad.
El apoyo de egresados y profesionales hacia la Universidad no es cosa nueva, lo han hecho y siguen haciendo en forma desinteresada y esto ha beneficiado en buena forma el vínculo. Sin embargo, estas acciones, a menudo nacidas de la buena voluntad individual, suelen carecer de una planificación integral, involucrando a diversas áreas de gestión, pero evidenciando una necesidad de profesionalización para optimizar su efectividad en un contexto de recursos cada vez más limitados. Ante esta realidad, es oportuno profesionalizar y coordinar de manera más eficiente estas iniciativas, maximizando su alcance e impacto y demostrando la capacidad inherente de la comunidad universitaria para contribuir activamente a su propio sostenimiento.
Hace algún tiempo la UNCuyo ha implementado una oficina de fundraising que surge como una oportunidad estratégica para establecer un programa estructurado que garantice la implementación de mecanismos robustos y transparentes para la generación de recursos financieros esenciales. Estos recursos serán vitales para asegurar la continuidad y la expansión de acciones y proyectos relevantes tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad en su conjunto, especialmente en un momento donde la autonomía y la diversificación de las fuentes de financiamiento se tornan cruciales para el desarrollo institucional.
La universidad pública representa un proyecto colectivo que involucra a la totalidad de la sociedad, y su sostenibilidad adquiere una relevancia aún mayor en un escenario de intensos debates sobre el tamaño y el alcance del Estado. Los egresados de estas instituciones tenemos no solo la oportunidad, sino la profunda responsabilidad de contribuir activamente, asegurando que continúe siendo un faro de oportunidades para las futuras generaciones, en un contexto donde la educación superior desempeña un rol fundamental en el desarrollo económico y social del país.
El objetivo primordial que nos convoca es alcanzar una universidad pública aún más sólida, resiliente y con una capacidad incrementada para generar impactos positivos y significativos en el tejido social, demostrando de manera inequívoca su valor como una inversión estratégica de largo plazo para el futuro de nuestra provincia, nuestra región y nuestra nación.
Estos interrogantes deben servir como punto de partida para un análisis profundo, una reflexión honesta y, fundamentalmente, para la acción decidida y coordinada.
* El autor es coordinador del Programa Impulsores UNCuyo.