El derecho a estar informados ¿en riesgo?

En un repaso general del mundo, los ataques contra la libertad de prensa se han incrementado más en América Latina. Es el ejercicio de un derecho, el derecho a estar informado, el que está en riesgo.

En mayo de este año se registró el segundo asesinato de un periodista en Perú, en ese mismo mes se desató una ofensiva de las Fuerzas Armadas contra periodistas de Honduras, registramos actos de censura contra periodistas de México y de Santo Domingo y posibles órdenes de captura contra colegas de El Salvador. Todo en un mes, todo producto del material periodístico profesional.

La violencia contra reporteras, reporteros y medios de comunicación en América Latina ha ido incrementándose de manera acelerada en el último año.

En junio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)reportó la detención de tres periodistas venezolanos, un par de días después daba cuenta del deterioro de la libertad de expresión en Perú y en El Salvador.

En México, donde si bien han disminuido el número de asesinatos, se ve una oleada de estrategias legales encaminadas a censurar a los periodistas.

En Bolivia el panorama no es mejor. A una alerta de la SIP se suma el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) sobre la escalada de “ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico, en un contexto de tensión electoral y crisis económica” desde enero. Entre otras violaciones a la libertad de prensa, los y las periodistas han sido víctima de agresiones verbales y violencia física, especialmente contra mujeres periodistas; amenazas y decomiso de equipo.

Lo mismo sucede en Ecuador. Según el último informe semestral de la SIP, el periodismo local sigue siendo blanco constante de ataques y el escenario está relacionado con “el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado y la implementación de políticas restrictivas que limitan la libertad de expresión de los medios de comunicación y de la sociedad civil”.

Estamos aun midiendo el impacto de ese 2024, que era el gran año electoral, en el que más de la mitad de la población del mundo salió a votar. ¿Cuál fue el resultado? Un sorprendente giro conservador, que deberá llevarnos a una reflexión más profunda sobre el sentir de la gente.

En lo inmediato, fue el regreso de gobiernos conservadores, y en algunos casos alarmantemente autoritarios. Esto ha marcado, sin duda, retos adicionales en el ejercicio del periodismo.

Los periodistas nos volvimos el enemigo, en un entorno donde la transparencia y la rendición de cuentas dejaron de ser prioritarios, vaya, ni siquiera importantes.

¿Qué es lo que hace un periodista? ¿Cuál es su propósito? Alguien comentó hace unos días que los periodistas hacemos del ejercicio de un derecho (el derecho a estar informados), una profesión. Y es verdad.

Hemos visto iniciativas legales que dan pasos atrás en lo que se refiere a garantizar el ejercicio periodístico, criminalizando delitos que evidentemente deberían quedar en el ámbito civil, tal como lo establecen instancias internacionales.

Las estrategias cada vez más sofisticadas para frenar el ejercicio periodístico se cruzan con dos factores muy importantes: la saturación de la gente, rebasada por tanta información que corre en los canales por los que normalmente navega, redes sociales, medios, etc, así como la epidemia de desinformación que con la pandemia tomo un impulso sin precedente, y que no permite distinguir con claridad la verdad de la mentira.

En una reciente reunión de la SIP con el secretario general de la OEA, en Washington, el presidente de nuestra organización, Roberto Dutriz, de El Salvador, compartió datos alarmantes sobre las restricciones y amenazas que afectan a la prensa en numerosos países de la región. Entre los principales problemas señalados se destacaron el avance del autoritarismo, el uso indebido del aparato judicial para silenciar voces críticas, la estigmatización de periodistas, la violencia ejercida por el crimen organizado, y el preocupante incremento de casos de periodistas que se ven forzados al exilio o al desplazamiento interno por persecución y amenazas.

Este clima adverso no es privativo de América Latina.

Estados Unidos, bajo la administración de Trump, ha visto la expulsión de medios de la sala de prensa de Casa Blanca, el bloqueo para viajar con el presidente, el constante ataque verbal, el recorte a medios públicos. El objetivo es el mismo, cero tolerancia a la crítica, ninguna intención de transparencia o rendición de cuentas con la ciudadanía.

¿Qué implica que desde el Estado se bloquee, critique y descalifique el trabajo periodístico? No sólo demerita al reportero o a su trabajo, vulnera su integridad, física y emocional, y escala el nivel de riesgo en el que permanentemente se mueve.

El Reporte anual sobre medios de Instituto Reuters marcó durante dos años consecutivos el discurso ofensivo del presidente López Obrador, de México, como uno de los factores para que los ataques y asesinatos de periodistas no disminuyeran.

En un repaso general del mundo, los ataques contra la libertad de prensa se han incrementado más en América Latina. Es el ejercicio de un derecho, el derecho a estar informado, el que está en riesgo.

Nos obliga, sin duda, a ser más comprometidos con los principios que nos mueven, rigor, verificación, inclusión. Nuestro objetivo es y será, informar a la sociedad a la que servimos. Somos, por tanto, observadores críticos.

Sólo así se garantiza una democracia sólida. La sociedad debe demandarlo, exigirlo. A nosotros nos queda seguir haciendo lo que sabemos hacer, informar.

La autora es presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de SIP.

* La sigla SIP se refiere a la Sociedad Interamericana de Prensa, una organización de propietarios y directores de empresas periodísticas de América y el Caribe que trabaja para defender la libertad de prensa y la libertad de empresa en la región.

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