El freno que está mostrando la economía argentina en la segunda mitad del año no se distribuye de manera homogénea. Una parte importante de ese costo lo está pagando la industria, que sigue atrapada en problemas estructurales que ningún gobierno ha sabido resolver y que el actual dice querer atender en el discurso, pero que tampoco encara. El resultado es un sector productivo debilitado, que ahora además debe enfrentar el aumento de los costos financieros, los cuales han presionado muy fuerte sobre el sector durante el último mes.
La semana pasada se conoció el informe de actividad de julio publicado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Admira). El dato más inmediato muestra un leve repunte: la metalmecánica registró una variación interanual de 1,8%, un 0,3% de mejora respecto de junio y un crecimiento acumulado en el año del 2,9%. Sin embargo, detrás de esa apariencia de mejora, desde Admira advirtieron que el sector sigue en niveles productivos muy bajos, enfrentando además una competencia desigual con importaciones que marcan porcentajes históricos récord.
Esa desigualdad golpea especialmente a provincias como Mendoza. El mismo reporte muestra que la industria metalúrgica local profundizó su caída. Es decir, mientras algunos distritos logran exhibir pequeñas mejoras, en nuestra provincia el deterioro se agudiza.
El panorama general tampoco es alentador. El último informe del IERAL advierte que en el segundo trimestre la actividad económica cerraría con un crecimiento cercano al 1%, muy lejos del 3,9% que se observó en el tercer trimestre del año pasado y apenas la mitad de la expansión registrada en el último cuarto de 2024. La foto es clara: la economía todavía crece, pero lo hace a un ritmo cada vez más débil.
Ese mismo trabajo reconoce que el nivel de actividad agregado sigue alto: se ubica 4,5% por encima del de noviembre de 2023 y 7,3% más arriba que hace un año, cuando la recuperación recién comenzaba. Pero ese dato agregado contrasta con lo que ocurre puertas adentro de las fábricas. La industria no logra subirse del todo a esa ola y lo que asoma es un techo cada vez más bajo para sectores que requieren previsibilidad, financiamiento y reglas claras para invertir.
El problema no es coyuntural, sino estructural. El IERAL lo sintetiza de manera contundente al analizar la competitividad a través de los precios de insumos. De unas 80 comparaciones realizadas, cerca de la mitad son más caras en Argentina que en los países de referencia. Frente a Brasil, el principal socio y competidor, seis de cada diez insumos resultan más costosos en nuestro país. Esa simple constatación alcanza para entender por qué nuestras fábricas no logran despegar: producen en condiciones de desventaja frente al resto de la región.
La falta de una estrategia para corregir estas distorsiones es, en definitiva, el mayor lastre. Se habla de estabilización macroeconómica, de reducción de la inflación y de la necesidad de atraer inversiones. Todo eso es cierto. Pero mientras no se ataque el núcleo de los problemas estructurales, la industria seguirá funcionando con el freno de mano puesto, en el mejor de los casos.
Argentina tiene un sistema tributario que castiga la producción, costos logísticos que encarecen cualquier operación a nivel interno y externo, y una matriz energética con cuellos de botella. Hace unas semanas, en Los Andes, el CEO de YPF indicó que era necesario que los privados se pusieran a la altura de las circunstancias y que fueran ellos quienes invirtieran en la infraestructura necesaria. Como ejemplo mencionó el oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), un proyecto clave para transportar crudo no convencional de la Cuenca Neuquina hasta una terminal marítima en Punta Colorada, Río Negro, impulsado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina. Pero la idea de que los privados sean los únicos que pueden invertir en infraestructura, solo si lo necesitan para generar rentabilidad, es cuanto menos polémica.
La caída en la metalúrgica es un síntoma, pero también una advertencia. Si los sectores industriales que deben acompañar la diversificación de la economía provincial retroceden, la provincia pierde competitividad y oportunidades de desarrollo a largo plazo. Lo mismo ocurre en el plano nacional: sin un sector industrial fuerte, no hay empleo de calidad ni mejora sostenible de los salarios.
El desafío no es menor: competir en un mundo donde los países vecinos producen más barato, con financiamiento más accesible y con cadenas logísticas más eficientes. Para eso hace falta una política industrial activa, que entienda que no se trata de subsidiar indefinidamente, sino de crear condiciones que permitan a nuestras industrias jugar en igualdad de condiciones.
El riesgo de no hacerlo es claro: consolidar una economía que crece en los papeles, pero que se sostiene sobre sectores productivos cada vez más frágiles. Una economía que posterga, otra vez, el debate sobre cómo construir competitividad genuina.
* La autora es periodista [email protected]
