El 15 de enero pasado estalló un conflicto que estaba latente en el noreste de Colombia. La región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, es rica en oro, petróleo y miles de hectáreas están dedicadas al cultivo de hojas de coca. Según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 alrededor de 40.000 hectáreas en la región estaban destinadas al cultivo de la coca. Los últimos datos, de 2024, indican que la superficie con cultivos de coca ya alcanza las 54.000 hectáreas.
El Catatumbo es un río que nace en el nororiente de Colombia y desemboca en Venezuela, en el lago Maracaibo, de allí el nombre de la región que está cubierta mayormente por selvas y bosques. En la época de auge del paramilitarismo en el país (entre 1990 y 2005), a dicho río eran arrojados los cadáveres de quienes eran tenidos como miembros de la guerrilla o de otros grupos al margen de la ley.
Ocaña, de unos cien mil habitantes, es la única ciudad de la zona. Los otros enclaves son pueblos como Tibú o Teorama, cuyas poblaciones no superan los quince mil habitantes. Quienes habitan la zona son, en su mayoría, agricultores que se dedican al cultivo del cacao, del café y del plátano o a la ganadería. La región, aunque muy rica en recursos minerales (petróleo, carbón, oro) se ha visto más postergada que otras partes del país por el conflicto armado.
En la zona del Catatumbo operan varios grupos ilegales, sobre todo el ELN (Ejército de Liberación Nacional), una de las guerrillas más antiguas del país, y las disidencias de las FARC, grupo que se negó a someterse a los acuerdos de paz de 2016 entre el estado colombiano y las FARC. Esos grupos se dedican actualmente al tráfico de personas (en su mayoría venezolanos que buscan llegar a Panamá a través del estrecho del Darién y desde allí a México), al contrabando de gasolina, oro, carbón y, especialmente, a la elaboración y tráfico de cocaína, además del secuestro y la extorsión. La cocaína transita por rutas no convencionales hacia el Chocó, en la zona pacífico del país, y hacia Venezuela desde donde es “exportada” por narcotraficantes a los Estado Unidos y Europa, dejándoles miles de dólares en ganancias. La región, desde hace décadas, carece de la presencia del estado. No hay universidades, ni hospitales, ni centros de salud, ni presencia de fuerzas de seguridad. Así, la zona es propicia, como tantas otras en el bello país, para que los grupos al margen de la ley la hayan convertido en su centro de operaciones.
Ni el mejor de los acuerdos de paz produciría a esos grupos las multimillonarias ganancias que las actividades ilícitas les dejan. Lo que los grupos en cuestión se están disputando es el monopolio del poder en la región, con el apoyo tácito de Venezuela, donde los cabecillas de esas facciones se refugian, aprovechando no sólo la frontera porosa sino y sobre todo, la afinidad ideológica con el gobierno venezolano.
En la segunda semana de enero, como decía, estalló el conflicto entre esos dos grupos, dejando miles de desplazados (habitantes de la zona que huyen de los combates), confinados (habitantes que han quedado entre el fuego cruzado y no han podido huir) y civiles desaparecidos o muertos. Los alcaldes de las principales ciudades de la región (Tibú, Ocaña y Cúcuta) dan cuenta de casi 50.000 desplazados, en su mayoría mujeres y niños que temen por sus vidas. Los guerrilleros del ELN buscan casa por casa, en los pueblos de la zona, posibles enemigos, matándolos o llevándolos como prisioneros sin importarles si entre ellos hay civiles ajenos al problema.
El conflicto del Catatumbo recién comienzo y ya constituye una de las peores crisis humanitarias en la historia del país. El gobierno ha demorado una semana en reaccionar declarando el “estado de conmoción interior”, un instrumento legal que le permite hacer frente a la crisis sin mayores controles de los otros poderes del estado. Mientras tanto, los alcaldes de las principales ciudades de la región, como Cúcuta, Tibú y Ocaña, han debido apelar a la solidaridad de los habitantes del país para que envíen ayuda a los miles y miles de desplazados (el número de ellos aumenta día a día) consistente en alimentos, medicinas, ropa y calzado. Centros deportivos, escuelas e iglesias han sido habilitados como lugares de refugio transitorio a la espera de que los combates terminen o disminuyan para que los miles de desplazados puedan regresar a sus casas.
Pero el problema de fondo permanece intacto. El proyecto de “Paz Total” del presidente Petro ha sido un rotundo fracaso. “Uno aprende también de los fracasos. Allí hay un fracaso, un fracaso de la nación.”, dijo el mandatario refiriéndose a la crisis planteada por los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC.
La raíz del problema radica en que mientras en el país, inmensamente rico en recursos naturales, haya inequidad social, minería ilegal y, sobre todo, producción y tráfico de drogas (Colombia es el primer productor mundial de cocaína con el 70 % de la producción, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en Colombia no habrá paz. Y ello así porque el estado colombiano, desde siempre, está ausente de las regiones más “complicadas” del país. Hoy es el Catatumbo, ¿y mañana?
Según el Banco Mundial y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 30 % de la riqueza del país está en manos del 1 % de la población del país. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo. Y ese ha sido el origen histórico del llamado conflicto colombiano.
Desde mayo de 2024 las conversaciones de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional, guerrilla socialista procubana fundada en 1964) se encuentran ‘suspendidas’. Con lo que está sucediendo en el noreste del país, no sólo esas conversaciones, sino el proyecto de “Paz Total”, tantas veces anunciado por Petro en su campaña electoral y en los dos años que lleva en el gobierno, pueden ser tenidos como un fracaso total.
El problema, hay que admitirlo, es muy complejo y ya es un problema binacional. Nicolás Maduro ve en el conflicto colombiano una oportunidad para “exportar” su revolución del siglo XXI, dando cobijo y brindando todo tipo de logística a la guerrilla con la cual comercia y a la que suministra armas y municiones. No es de extrañar que a pocos días de que Maduro asumiera la presidencia y que el presidente Petro se negara a reconocer la legitimidad de la misma, estallara el conflicto en el norte del país. Petro está en una grave encrucijada. En las suspendidas conversaciones de paz con el ELN, Venezuela era un país garante de las mismas. Con lo que hoy sucede en el Catatumbo Maduro le está recordando a Petro que no habrá ningún acuerdo de paz con el ELN si él no lo avala.
El otro gran problema de Colombia es la corrupción. Mientras haya corrupción, la que alcanza niveles escandalosos, desinterés y desidia en los distintos gobiernos por erradicarla, Colombia no tendrá paz. Un ejemplo muy gráfico y reciente: el año pasado se conoció una maniobra que involucró a miembros del gobierno nacional, congresistas, ministros y secretarios de estado, consistente en la compra de cuarenta camiones cisterna para llevar agua potable a los habitantes del departamento de La Guajira (Colombia está dividida administrativamente en departamentos), al norte del país, que le significaron miles de millones de pesos colombianos al erario público. Los camiones fueron comprados al doble del precio de mercado. La maniobra fue revelada por una investigación periodística. Pero ese es sólo un ejemplo de la corrupción enquistada en todos los estratos del poder.
A todo esto, el decreto de “conmoción interior” para enfrentar la gravísima crisis humanitaria en el Catatumbo, ya ha entrado en vigencia y regirá por noventa días. ¿De dónde saldrán los recursos para financiar los paliativos a la crisis? De la suba de impuestos, según lo señala el mismo decreto. Es decir, todos los colombianos terminarán pagando la inacción, la irresponsabilidad y la ineptitud del gobierno nacional.
* El autor es abogado. Presidente de la Sociedad Goetheana Argentina – Goethe-Zentrum Mendoza.
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